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MEMORIA DE LA FISCALÍA

El 70% de los migrantes del CIE de Barcelona salen en libertad

El fiscal de extranjería considera necesaria una "profunda reflexión" sobre la finalidad de estos centros

Se triplican los expedientes para determinar la edad de los menores no acompañados que llegan a la capital catalana

J. G. Albalat

El Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Barcelona está en la Zona Franca.

El Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Barcelona está en la Zona Franca. / RICARD CUGAT

El 70% de los migrantes que ingresan en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Barcelona salen en libertad al cabo de unos días. Según los datos de la última memoria del servicio de extranjería de Barcelona, de las 1.822 personas que en el 2017 entraron en el recinto de la Zona Franca, 1.286 lo abandonaron libremente, 585 fueron expulsados y 50 fueron trasladados a prisiones o a otros centros de inmigrantes.

La mayoría de extranjeros que fueron a parar al CIE provienen de la llegada en pateras (1.517 en el 2017). Tras llegar a las costas del sur de España, son repartidos por los centros de toda la geografía. El resto de los internos tienen antecedentes policiales o están pendientes de su expulsión por la sustitución de su condena.

El fiscal de extranjería de Barcelona, Fernando Rodríguez Rey, asegura que resulta "llamativo y preocupante" el porcentaje tan bajo de expulsiones de internos en relación con el total de ingresos en el CIE. La mayoría no pueden ser expulsados porque se desconoce el país de procedencia o por la falta de colaboración de algunos consulados. En opinión de este fiscal, esta situación debe dar lugar a una "profunda reflexión" en torno a si en todos estos casos el internamiento en estos recintos "realmente se corresponde con la verdadera naturaleza y finalidad de esta privación de libertad y de estos centros".

Unos 31 días de internamiento

Los plazos de internamiento acordados por los jueces suelen fijarse en torno a los 40 días, aunque excepcionalmente se extienden al máximo de 60 días que prevé la ley de extranjería. Un dato remarcable es que los magistrados de la provincia de Barcelona están aceptando la posibilidad de aplicar como medida cautelar el ingreso en el CIE de los ciudadanos de la comunidad europea que tengan una expulsión de sanción.

Pero estos casos son muy pocos. Las estadísticas oficiales desvelan que la mayoría de los internos del centro barcelonés proceden de Argelia (636, en el 2017), Guinea (276), Costa de Marfil (268), Gambia (171) y Marruecos (154). La media de ocupación diaria del recinto se situó el año pasado en 162 migrantes. La capacidad teórica es de 211, según los datos de la fiscalía. Y la media de permanencia fue de 31,97 días, cuando en el 2016 fue de 28,44.

Incremento de las peticiones de asilo

Rodríguez Rey ofrece otro dato significativo: el número de solicitudes de asilo y protección internacional se está incrementado año tras año. En el 2017 fueron 496, de las cuales se tramitaron 362 y se admitieron 66. Dejando claro que el asilo es un derecho básico e irrenunciable, este jurista sostiene que dichas cifras apuntan a la posible utilización de estas alegaciones por parte de los migrantes como forma de obstaculizar las expulsiones.

Uno de los aspectos más preocupantes, sin embargo, es el ingreso de menores en el CIE. En el 2017, según la fiscalía, se registraron de 137 alegaciones de minoría de edad por parte de los internos extranjeros. 12 de ellos eran adolescentes. Eso se produce porque los migrantes no hacen referencia a ello hasta que no ingresan en el centro. Cuando se comprueba que no son adultos, es la Direcció General d’Atenció a la Infància i la Adolescencia (DGAI) quien se hace cargo.

Rodríguez Rey subraya la importancia de esta materia, pues está en juego el interés y la protección de los menores, "máxime cuando la realidad demuestra que en algunas ocasiones el resultado" es que los internos son menores. Tras las disfunciones y deficiencias en la tramitación de las alegaciones de minoría de edad en años anteriores, desde el 2017 son los jueces de control del CIE los que resuelven estos casos y no los de instrucción.

Pruebas para comprobar la edad

Otra cuestión diferente son las pruebas médicas que se realizaron a los menores extranjeros no acompañados para determinar su edad y que se han disparado. En el 2017 se hicieron 1.455. En 145 casos se determinó que eran mayores, en 815 menores y en 156 se archivaron. En el 2015 fueron 318 el número de diligencias de esta naturaleza tramitadas por la fiscalía y un 506 en el 2016. Por lo tanto, el año pasado casi se triplicó la cifra. Estas pruebas consisten en radiografías de la muñeca, dentales y, en ocasiones, de otras partes del cuerpo.

El aumento de estas pruebas, incide Rodríguez Rey, es exponencial y ha provocado situaciones de colapso en las dependencias de la fiscalía y de los recursos asistenciales de la DGAIA. Hasta hace poco, era habitual que los muchachos durmieran en las dependencias de la Ciutat de la Justícia de Barcelona. La jueza decana de Barcelona, Mercè Caso, ha prohibido el uso de espacios comunes del recinto judicial como alojamiento temporal de menores migrantes sin papeles, al ser "inaceptable" que puedan llegar a estar horas en espera y dormir en el suelo entre bancos. En un acuerdo dictado hace unos días, insta a las administraciones a que de "manera inaplazable" se pongan en marcha los mecanismos para afrontar los trámites "en condiciones de respeto y dignidad", habilitando para ello espacios "adecuados".

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