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La Audiencia Provincial reabre la causa

El accidente del metro de València, abocado a ir juicio

Por tercera vez revoca el sobreseimiento que decretó la juez instructora

Obligar a tomar declaración a cinco investigados, entre ellos la exgerente de FGV

Nacho Herrero

Cartel reclamando justicia en una de las concentraciones convocadas por la Asociación de Víctimas

Cartel reclamando justicia en una de las concentraciones convocadas por la Asociación de Víctimas / Miguel Lorenzo

Por tercera vez y a petición de la Fiscalía y las acusaciones particulares, la Audiencia Provincial de Valencia ha levantado el sobreseimiento que la jueza instructora decretó sobre el caso del accidente del metro de València que dejó el 3 de julio de 2006 un total de 43 muertos y 47 heridos pero, además, esta vez le conmina a concluir la investigación con una serie de declaraciones y a dar paso a un juicio.

En el auto de la Audiencia se alaba el “extraordinario ejercicio de instrucción procesal” de Nieves Molina pero se asegura que “se abren alternativas razonables en sentido diverso que impiden ratificar el sobreseimiento”.

Por eso fuentes jurídicas aseguran que cuando se le indica que tras las nuevas comparecencias debe proseguir la causa “en congruencia con el contenido de esta resolución”, se le conmina a dar paso a juicio.

Rosa Garrote, presidente de la Asociación de Víctimas 3J aseguró que esta decisión "es lo que llevamos reclamando desde hace doce años” y explicó a Efe que permitirá “que se investiguen todas las posibles causas del accidente, más allá del exceso de velocidad".

"Independientemente del resultado del posible juicio, estamos satisfechos con que se inste la investigación de todas las posibles circunstancias, porque no se puede basar todo en la velocidad como ha hecho la jueza instructora", añadió. Molina siempre ha defendido que no hay pruebas que apunten a ninguna otra causa para explicar el accidente más allá del probado exceso de velocidad.

Incógnitas a resolver

El auto aporta hasta nueve razones que habrá que estudiar y entre ellas destaca la posible omisión de la normativa de seguridad existente, la insuficiente formación del maquinista, la ausencia de balizas que limitasen la velocidad en la curva del accidente y la posible inacción por parte de la empresa tras haberse producido descarrilamientos anteriores. “Se había reducido la velocidad de 50 a 40 km/h en ese mismo tramo sin adoptar medidas de seguridad adicional a la señal de limitación de velocidad", argumenta el auto.

Garrote afirmó que "hubo otros factores, como el estado del vagón y de la vía o las medidas de seguridad para controlar la velocidad" y lamentó que “las causas concretas del accidente no se podrán averiguar porque la jueza mandó arreglar la vía y destruir el vagón accidentado". "No ha querido investigar nada que señalase a los responsables de FGV ni otras instancias políticas", afeó.

Sin nuevas pruebas periciales

Eso sí, el auto niega el resto de las peticiones de nuevas periciales que habían hecho tanto la Fiscalía como las acusaciones particulares, lo que puede disminuir sensiblemente su arsenal de argumentos en el juicio.

Entre las peticiones no admitidas destaca la impugnación de la prueba pericial realizada por Andrés Cortabitante con el argumento de una posible negligencia al haber sido responsable del trazado de Angrois (Santiago) donde hubo otro grave accidente ferroviario. “La Sala considera que no existen razones justificativas para la repetición de pericias, tanto porque no se advierte la deficiencia técnica de las mismas como porque no puede mantenerse innecesariamente abierta la investigación”, recalca.

Entre los cinco investigados que se solicita que sean llamados a declarar está Marisa Gracia, ex gerente de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. El hecho de que les sea tomada declaración en la instrucción, algo que la jueza no consideró oportuno en su momento, abre la opción a que puedan ser penalmente responsables.

De hecho, el auto desliza que “en el momento procesal en que se encuentran las actuaciones únicamente cabe sostener que existe más de un indicio de la criminalidad respecto de las personas consideradas como investigadas”.

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