Houston, digo Davos, tenemos un problema

Bajo el lema “Crear un futuro compartido en un mundo fracturado”, estos días ha tenido lugar el foro de Davos, con miles de participantes del mundo político, empresarial y de la sociedad civil. Durante unos pocos días, en el centro del debate han estado algunos de los grandes problemas globales y que suelen tener poco espacio en la agenda política: las crecientes desigualdades y su relación con la pobreza, el peligroso avance del cambio climático o los efectos de la tecnología y la robótica en los mercados globales. También ha sido el momento, o no, de ver el compromiso de los gobiernos, y de las personas más poderosas del planeta, con las estrategias más adecuadas para abordar estas cuestiones.

El Foro Económico Mundial de Davos ha dado el puntapié inicial con la publicación de los resultados del índice de desarrollo inclusivo (IDI) que se calcula a partir de indicadores organizados en tres pilares: crecimiento, inclusión y equidad intergeneracional.

Algunos de estos indicadores y subindicadores, tienen especial interés desde la perspectiva de los derechos de la infancia. En educación, el estado español se ubica en el puesto 26 de las 30 economías más avanzadas. Este indicador se construye a partir de otros ocho indicadores y, de ellos, en el que peor comportamiento registra España es en la media de años de escolarización: 9,6 años, que colocan a nuestro país en el puesto 29 de 30. En la disponibilidad de servicios de formación de alta calidad estamos en el puesto 28 de 30 y en el acceso a internet en las escuelas también ocupamos el puesto 28. Estos indicadores, tan sensibles para el desarrollo de nuestra infancia –y de nuestra sociedad-, tienen un gran margen de mejora, que estamos por ver si se abordará. Si miramos el dato que mejor mide el nivel de compromiso político -que aparece en el plan presupuestario que el estado español envió a Bruselas en octubre de 2017- lo que vemos es que en educación la disposición a avanzar es cuestionable, a juzgar por el actual 3,8% del PIB destinado a educación para el 2018, lejos de la media de 4,8% de la OCDE.  

En inclusión España también puntúa bajo, 24 en el ranking de 30 países. La desigualdad de ingresos, medido con el índice de Gini, es de 34,1, lo que nos ubica en la posición 25 de 30, igual que la tasa de pobreza española hace que estemos en la posición 25 de 30.

Uno de los grupos más castigados por la pobreza en los últimos años son los menores de 18 años. En España, dos de cada siete niños viven en familias que se encuentran bajo el umbral de la pobreza, y uno de cada seis vive en la pobreza extrema. Esta pobreza ha pasado de un 12% en 2008 al 15,9% en 2016. Más de 1,3 millones de niños y niñas padecen la pobreza con especial intensidad. Y, con estos mimbres, tendremos que tejer nuestra red de contención para enfrentar, como país, los grandes retos globales que compartimos con el resto de países.

Tenemos evidencias que nos sugieren caminos a seguir. Dar un fuerte impulso al sistema de garantía de ingresos, una mejora sustancial en las prestaciones por hijo a cargo, garantizar la educación de 0 a 3 años, promover políticas públicas en educación que favorezcan la equidad, la igualdad y la inclusión, que impidan el carácter segregador de los centros educativos, fortalecer el sistema de becas y ayudas, son vías que nos pueden llevar a enfrentar los retos que nos depara el futuro de una mejor manera. Si queremos un país mejor para nuestros niños, necesitaremos poner en marcha políticas diferentes. Por el momento, según los datos de Davos, tenemos un problema.