Catalunya, la única comunidad autónoma que acumula recortes en servicios sociales desde el 2014

Cinco ediciones han tenido que pasar para que los servicios sociales de España aprueben por primera vez el examen al que la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales los somete desde el 2012. La evolución es “positiva”, y la atribuyen al impulso legislativo de los nuevos gobiernos que salieron de las urnas tras los comicios del 2015 -13 de las 17 comunidades autónomas mejoran su nota con respecto a la edición anterior-. Pero el estudio está lejos de ser triunfalista: el aprobado es raspado, un 5,07 sobre 10, y la acción del Estado en materia de Servicios Sociales es “cada vez más residual”, con una inversión que está aún lejos de la que mantenía hace siete años.

La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha presentado este miércoles en Madrid los resultados de su Índice de Desarrollo de los Servicios Sociales (Índice DEC), un exhaustivo estudio que evalúa tres aspectos de los servicios sociales en cada comunidad autónoma: los derechos y decisiones políticas en esta materia, la inversión económica y la cobertura del servicio. “Hay síntomas de recuperación, pero con la amenaza de un regreso al asistencialismo”, ha advertido el coordinador del informe, Gustavo García.

Tendencia creciente

En lo que se refiere a la inversión, los directores de servicios sociales señalan que la tendencia es creciente desde que en el 2013 la tijera de las administraciones hiciera su corte más profundo. Es así en todas las comunidades autónomas salvo en dos: Cantabria y Catalunya. Y el caso de Catalunya es “el más preocupante”, puesto que acumula recortes continuados desde 2014. “Y no añadiré nada más porque estamos en jornada de reflexión”, ha ironizado García.

De hecho, el estudio destaca el “progresivo deterioro de la relevancia económica de los servicios sociales en el gasto público” en la comunidad desde el 2013, justo lo contrario de lo que ocurre en el conjunto de España. El gasto por habitantes de la Generalitat y de las entidades locales de Catalunya fue en el 2011 de 360,71 €; en 2016, último año con datos oficiales del presupuesto liquidado, esta cuantía se redujo un 7,1%, siendo el gasto por habitante de 335,05 € (25,66 € menos que en 2011). Ese mismo año, en el conjunto de España el gasto por habitante y año fue de 339,69 €. También el porcentaje que supuso la inversión de las Administraciones Públicas catalanas (Generalitat y entidades locales) en servicios sociales se ha reducido al 1,17%, 0,23 puntos menos que en el 2011. La media del PIB en España destinado a servicios sociales es, en el 2016, del 1,42%, 0,25 puntos más que en Catalunya.

El Estado, "en retirada"

Las administraciones que gestionan los servicios y las prestaciones sociales en España destinaron a estas partidas en los presupuestos del 2016 17.051 millones de euros, unos 1.000 millones de euros más que en el 2015, pero todavía por debajo de los 17.694 del 2011. Si se mantiene la tendencia, en la liquidación del 2017 se recuperará el nivel de gasto del año 2010. Para ello, sería preciso que en el 2017 se hayan incrementado en 1.000 millones de euros.

Sin embargo, el presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de los Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, señalo que esta tendencia positiva se debe al esfuerzo de las Comunidades Autónomas, que son las únicas que no solo han igualado la inversión con respecto a 2010 sino que la han superado en 568 millones de euros anuales, mientras que las entidades locales y el Estado central siguen en niveles inferiores a los de antes de la crisis y los recortes. “El recorte acumulado de la Administración General del Estado es de casi 5.000 millones de euros, incumpliendo incluso sus obligaciones constitucionales”, ha señalado Ramírez. El diagnóstico es compartido con el coordinador del informe: “El Estado está en retirada”.

Disparidad entre regiones

Por Comunidades Autónomas, el País Vasco (7,75) y Castilla Léon (7,5) siguen ostentando el  título de mejores servicios sociales -ambas logran una calificación de “excelente”, que se otorga a partir de los 7,5 puntos-. En el lado opuesto se encuentran Canarias (2,3) y la Comunidad Valenciana (2,05), que tradicionalmente han sido las regiones con peores servicios sociales. Aunque sigue en esta posición, registran “mejoras muy significativas”. La fotografía general del mapa de España es positiva, pero hay algunas Comunidades autónomas como la de Madrid (3,5) que se salen del marco y muestran un deterioro de sus servicios sociales.

El Estado de Bienestar avanza, pero lo hace a diferentes velocidades en cada territorio. Aunque las diferencias de cobertura y de gasto en servicios sociales se han reducido “ligeramente” desde el 2014, las disparidades siguen siendo muy acusadas con datos del 2016. Por ejemplo, sólo el 1,4% de quienes tienen reconocido el derecho a recibir atenciones del Sistema de Atención a la Dependencia están a la espera de recibirlas en Castilla y León, mientras que en Canarias este porcentaje asciende hasta un 41,8%. En Extremadura hay 4,5 plazas residenciales de financiación pública por cada 100 personas mayores de 65 años, mientras que en Galicia sólo existen 1,08. Otro ejemplo son las plazas de alojamiento para personas sin hogar: en el País Vasco hay 135,7 por cada 100.000 habitantes y en Extremadura solo 15,44.