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Pacto político

Valencia equipara a las víctimas de violencia machista con las de terrorismo

Este cambio supone que pasarán de recibir 6.000 euros de indemnización a 75.000

El pacto garantiza acceso a la renta de inclusión y a la red de viviendas sociales

Nacho Herrero / València

Foto de familia de los firmantes del Pacto Valenciano contra la Violencia de Género. 

Foto de familia de los firmantes del Pacto Valenciano contra la Violencia de Género.  / MIGUEL LORENZO

El gobierno valenciano presentó este lunes un ambicioso pacto contra la violencia de género y machista, un plan de choque de casi 300 medidas que han firmado más de 60 entidades públicas y privadas y que, entre otras propuestas, incluye la equiparación de las indemnizaciones de las víctimas con las de las víctimas del terrorismo, un cambio que supondrá que pasen de recibir 6.000 euros a 75.000.

El acuerdo exige el aumento del presupuesto para estas políticas un 10%, lo que en el caso de la Conselleria de Igualdad que lo ha impulsado supone elevar al gasto hasta los 12 millones anuales. Esa inversión, como la que hagan el resto de instituciones adheridas, estará 'blindada' para asegurar unos resultados que deberá evaluar una comisión de seguimiento. Entre los firmantes están todos los partidos con representación en Les Corts, las tres diputaciones, los ayuntamientos de las tres capitales y otros consistorios, diversos sindicatos y organizaciones empresariales así como las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado.

Mónica Oltra, vicepresidenta de la Generalitat y 'consellera' de Igualdad, fue la encargada de presentar un acuerdo que según apuntó busca "asistir a las víctimas" pero también "trabajar en el origen de la violencia que es la desigualdad estructural". Por eso muchas medidas se realizarán en el ámbito educativo. "Es un conflicto público y social, no un hecho doméstico", subrayó Oltra. En la misma línea, Ximo Puig, president de la Generalitat, destacó que "cada vez que una mujer es intimidada, agredida o insultada lo somos todos". Por eso remarcó que "hace falta una respuesta colectiva a un problema colectivo".

Con derecho a la renta de inclusión

El proceso de gestación del acuerdo empezó con un mandato del parlamento autonómico y la convocatoria de este pacto. Después se produjeron ocho jornadas de trabajo de las que salieron cinco líneas estratégicas, 21 objetivos y 293 medidas. En cuanto a las ayudas a las víctimas, entre otras cosas, se les garantiza el acceso a la renta valenciana de inclusión, se ampliará la red de viviendas y se impulsará la firma de convenios para el acceso a los alquileres sociales.

También se potenciarán las ayudas a las empresas que las contraten de manera estable y, por ejemplo, se reservarán para mujeres un 30% de las plazas de policías locales. Uno de los grandes objetivos del pacto es el fomento de una contratación responsable que premie a las empresas más avanzadas en estas políticas de igualdad. Pero el acuerdo incluye también medidas tan diversas como la redacción de un decálogo para las fiestas populares, la implantación de una red de agentes de igualdad, la promoción de contenidos audiovisuales con mujeres como heroínas, la formación obligatoria de todo el personal de la administración autonómica en políticas de género y también impulsar la de los cuerpos de seguridad del estado.

El pacto estatal, a final de mes y con ‘cláusula Rivas’

El acuerdo valenciano contra la violencia de género se ha presentado apenas unos días antes de que el Congreso de los Diputados refrende en el último pleno de septiembre (si no hay cambio de última hora) el pacto estatal en el que los grupos políticos trabajaron durante más de seis meses y que se cerró en julio. El Senado ya le dio el visto bueno por unanimidad hace unos días. 

Este acuerdo cuenta con casi 270 medidas y Mariano Rajoy podría presentarlo en sociedad el próximo 25 de noviembre, día internacional contra la violencia de género. A última hora, y tras el caso de Juana Rivas, se incorporó una medida para realizar modificaciones legislativas que den protección a víctimas que se vean envueltas en casos de sustracción internacional de menores y cuyo origen sea una situación de violencia de género.