Podemos presenta propuesta de ley para LGTBI, criticada por incluir multas
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El PeriódicoUnidos Podemos ha presentado en el Congreso una proposición de ley contra la discriminación por la orientación sexual de gais, lesbianas y transexuales (LGTBI), que la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) ha criticado por incluir multas administrativas por publicar contenidos ofensivos.
El Boletín Oficial de las Cortes Generales publica hoy una proposición de ley que responde a "una demanda histórica" del tejido asociativo LGTBI, que después de décadas de reivindicaciones ha logrado un progresivo reconocimiento social y político de sus derechos, pero que aún dista de su plena normalización, destaca la iniciativa.
La propuesta ha sido publicada después de que la Federación Estatal de Lesbianas Gais Transexuales y Bisexuales (FELGTB) presentara el pasado 4 de mayo en el Registro de la Cámara Baja un texto para la elaboración de una ley de igualdad, que -según afirmó entonces este colectivo- contaba con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, excepto el Partido Popular.
El texto prevé multas de carácter administrativo, que oscilan entre los 3.000 y los 20.000 euros, por publicar en internet o en las redes sociales expresiones, imágenes o contenidos gráficos que sean ofensivos o vejatorios por razón de orientación sexual contra las personas LGTBI o sus familias.
En un comunicado, la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) considera que esta iniciativa "amenaza la libertad de expresión, permite la censura y es inconstitucional", por lo que insta a los grupos parlamentarios del Congreso a modificarla "sustancialmente".
La Plataforma señala que, entre los aspectos más problemáticos del texto, se encuentran las multas administrativas, de hasta 20.000 euros, por "opinar en las redes sociales", ya que "no es un juez quien pondera el posible conflicto entre derechos fundamentales".
El director legal de la Plataforma, Carlos Sánchez Almeida, explica que "los conflictos entre libertad de expresión y otros derechos deben ser competencia exclusiva del poder judicial".
Almeida indica que "determinar dónde acaba la libertad de expresión y dónde empieza el delito odio es una decisión que no debe adoptar un funcionario administrativo, sino la judicatura".
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