Partidarios de la renta mínima garantizada critican que no se incluya en los presupuestos

El PSC y la Comisión Promotora de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para una renta garantizada de ciudadanía han criticado que los presupuestos de la Generalitat no incluyan una partida específica para dotarla económicamente.

El diputado del PSC en el Parlament Raúl Moreno ha acusado al Govern de “incumplir” esta iniciativa aprobada por la Cámara Catalana. En la sesión de control al Govern de este miércoles, la 'consellera' de Treball, Afers Socials i Família, Dolors Bassa, ha respondido que se han destinado 70 millones de euros, pero que figura en otro concepto.

Diosdado Toledano, uno de los portavoces de la Comisión Promotora de la ILP, ha cuestionado estas cifras y ha reclamado que les informe en qué concepto figura la partida económica porque “si está camuflada significa que no hay mucha voluntad política para cumplirla, además de ser una información poco transparente”.

POBREZA SEVERA

Toledano recuerda que en Catalunya 500.000 personas viven en una situación de pobreza severa. Los promotores de la renta garantizada de ciudadanía proponen la instauración de una prestación económica mensual para que todo el mundo tenga unos ingresos por encima del umbral de la pobreza, que actualmente es de 664 euros mensuales para una persona.

Tanto Toledano como Moreno han coincidido que “unos presupuestos llamados sociales sin partida para la renta garantizada no son presupuesto sociales”.

Bassa ha anunciado que el próximo mes de enero convocará a entidades y grupos parlamentarios para lograr un acuerdo sobre esta iniciativa. La 'consellera' ha explicado que después de un año de trabajo de la comisión parlamentaria sobre esta renta no se ha logrado un acuerdo y ha hecho un “llamamiento” a la “responsabilidad”.

Durante esta semana, los promotores de la ILP han mantenido una huelga de hambre en la plaza de Sant Jaume de Barcelona para que se agilice la renta ciudadana y se han manifestado ante el Parlament para que se incluyeran en las cuentas del 2017.

En enero del 2014, las entidades promotoras presentaron una ILP, avalada por 121.191 firmas, para exigir al Parlament esta renta. Tras aprobarse en pleno por unanimidad, el pasado mes de octubre, poner en marcha la renta garantizada en el 2017, continúan los trámites.