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El Gobierno aprobará un sistema "alternativo" al canon digital tras la anulación del Supremo

El alto tribunal concluye que no se puede aplicar la figura que estaba vigente por ser contraria a la normativa europea

Méndez de Vigo anuncia una ronda inmediata de conversaciones con el sector afectado para buscar un acuerdo

ÁNGELES VÁZQUEZ / GEMMA ROBLES / MADRID

El Gobierno ha confirmado que se dispone de inmediato a abrir una nueva ronda de contactos con el sector afectado para buscar "un sistema alternativo" al canon digital, una vez que el Tribunal Supremo ha estimado el recurso presentado por tres entidades de gestión de derechos de autor contra el Real Decreto de 7 de diciembre, que regulaba el procedimiento para el pago de la compensación por copia privada. Según explicó en rueda de prensa tras el consejo de ministros Iñigo Méndez de Vigo, titular de Educación, Cultura y Deporte, se va a buscar una fórmula que respete la decisión del tribunal español y también la de la jurisprudencia europea.

Aunque obviamente esa compensación económica, el lugar de dónde pueda salir y la forma en que se pagará a los creadores en adelante es el punto más polémico de la obligada reforma, fuentes del Ejecutivo se han aferrado a que el Supremo no se refiere a eso de forma concreta y que, por tanto, hay tiempo para el equipo de Cultura pueda estudiar "en profundidad" la nueva sentencia y plantear otras medidas que, insisten, se han de consensuar con el sector. 

El llamado canon digital gravaba la venta de equipos y dispositivos susceptibles de almacenar contenidos por parte de los particulares, por la remuneración de las copias privadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. El alto tribunal basa ahora su decisión en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que declaró que el sistema español no es compatible con una directiva europea.

LOS PRECEDENTES

El Real Decreto ahora anulado daba cumplimiento a otro anterior que suprimía la compensación equitativa por copia privada y decía que el Gobierno establecería reglamentariamente el procedimiento de pago a los perceptores de la compensación.

Los demandantes basaban su impugnación en una directiva europea que exige que sea el usuario de copia privada quien soporte efectivamente el coste de la compensación equitativa. Además, defendían que no había un criterio objetivo de cálculo del perjuicio causado por las copias privadas y resulta imposible llegar a una compensación equitativa.

Para resolver el recurso, el Supremo planteó una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), al entender que el asunto gira fundamentalmente en torno a un problema de derecho de la Unión Europea. En su sentencia, el tribunal europeo estableció que el sistema de compensación equitativa por copia privada no es compatible con la Directiva 2001/29/CE.

NUEVA LEGISLACIÓN

La sentencia del alto tribunal español recuerda que mientras se resolvía los recursos presentados, se aprobó la Ley 21/2004 para modificar la Ley de Propiedad Intelectual, que se encuentra pendiente de un recurso de inconstitucionalidad, por lo que el abogado del Estado proponía que el Supremo esperase a conocer esta resolución antes de resolver sobre el canon digital.

El Supremo sostiene que “si una norma jurídica nacional es contraria al derecho de la Unión Europea ha de ser inaplicada, independientemente de que ademas pueda ser inconstitucional”. 

La Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC), que ha celebrado la sentencia del alto tribunal, considera que el problema de la financiación de la copia privada a través de los presupuestos no es sólo que se obligue a pagar a las personas jurídicas por una actividad, la reproducción de copia privada, que en realidad tienen prohibida por ley.

Para AUC, lo más "injusto" es que se obliga a pagar a personas que no sólo no realizan copias, sino que "ni siquiera son usuarios de los equipos, dispositivos y soportes que lo permiten, detrayéndose además de los impuestos, cantidades de deberían dedicarse con mejor fortuna a garantizar servicios básicos, especialmente para los colectivos más desfavorecidos".

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