ABUSOS SEXUALES EN LA ESCUELA

La Generalitat da marcha atrás y no acusa al pederasta de los Maristas

La Conselleria de Treball i Afers Social instó al gabinete jurídico a personarse en el proceso y luego rectificó

El departamento alega que las víctimas ya no son menores, pese a que eso no es un requisito jurídico

El pederasta confeso Joaquín Benítez acude a declarar, con pasamontañas, a la Ciutat de Justícia, el pasado abril.

El pederasta confeso Joaquín Benítez acude a declarar, con pasamontañas, a la Ciutat de Justícia, el pasado abril. / RICARD CUGAT

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J. G. ALBALAT / G. SÁNCHEZ / M. J. IBÁÑEZ / BARCELONA

La Conselleria de Treball i Afers Socials ode la Generalitat ordenó al gabinete jurídico del Govern hace unas tres semanas que compareciera para ejercer la acusación popular en el proceso judicial abierto contra el exprofesor de gimnasia del colegio de los Maristas de Sants-Les Corts, Joaquim Benítez, por abusos sexuales cometidos contra varios de sus exalumnos. Sin embargo, el departamento que dirige Dolors Bassa (ERC) ha dado marcha atrás y ha retirado aquella orden.

La comparecencia en el caso de pederastia de los Maristas (con 43 denuncias de pederastia contra 12 docentes y un monitor de varios colegios maristas de Barcelona y de Badalona) ha suscitado discrepancias en el seno del Gobierno catalán. Fuentes de Afers Socials han admitido que se valoró la posibilidad de ejercer la acusación contra Benítez, que se encuentra en libertad provisional, pero que, al final, se desestimó al considerar que la dirección general de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) no tenía competencias en este asunto, porque los exalumnos que presentaron denuncia contra el exdocente son ya personas adultas. La misma versión ha dado a este diario la Conselleria de Presidència, de la que dependen los servicios jurídicos de la Administración catalana.

No obstante, fuentes jurídicas alegan que para ejercer la acusación popular (no particular) no es necesario que se haga en nombre o representación de las víctimas, sino que puede justificarse por el interés general a la hora de depurar responsabilidades penales. Y como  ejemplo, han apuntado la comparecencia en el proceso contra Benítez del Ayuntamiento de Barcelona, que sí ejerce como acusación popular y ya actuado como tal. Como particular figura el letrado Iban Fernández, en nombre de varias víctimas.  “Recibimos informaciones contradictorias. La Generalitat, a través de la DGAIA, nos dijo primero que sí se personaría como acusación popular y poco después que no”, ha explicado el letrado.

DECISIÓN DEL GOVERN

Uno de los motivos que se dieron para la paralización de presentación de la Generalitat como acusación fue que esta decisión no solo debía ser asumida por una 'conselleria', en este caso Afers Socials, sino que era el Ejecutivo en su conjunto el que debía tomar este acuerdo. El Gobierno catalán todavía no se ha pronunciado al respecto y se desconoce si, al final, lo hará. Aunque cuanto más tarde lo haga, menor será su participación en la investigación contra Benítez, que durante más de 30 años fue profesor de gimnasia en el colegio de Sants-Les Corts.

Para el Ayuntamiento de Barcelona, en cambio, el escándalo de pederastia de los Maristas es un asunto claro de vulneración de los derechos fundamentales, “una vulneración ocurrida, además, en el marco de un centro educativo que recibe dinero público y dándose el caso de que son abusos que en algunos casos han sido confesados”, como argumentó la alcaldesa Ada Colau el pasado abril, cuando el consistorio aprobó en el pleno iniciar los trámites para personarse en la causa contra Benítez. La alcaldesa alegó que el apoyo municipal obedece a la voluntad del ayuntamiento de “amparar a las víctimas y a sus familias", lo que se antepone a cualquier otra circunstancia.

Los Maristas intentaron comparecer también como acusación, pero el juez vetó esta posibilidad, ya que, al final, podrían ser declarados responsables civiles subsidarios. Es decir, si las víctimas reclaman indemnizaciones, el primero el responder sería Benítez y, si este no pudiera pagarlas, lo tendría que hacer la orden religiosa.

INFORMES PSOCOLÓGICOS

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El proceso judicial, mientras tanto, sigue su tramitación. El juez Miguel Ángel Tabares está pendiente de recibir los informes psicológicos que ha encargado sobre el exdocente y las víctimas. El magistrado considera que Benítez podría haber cometido dos delitos de agresión sexual y dos de abusos deshonestos y el pasado mes de abril incoó sumario contra él. El togado, asimismo, archivó las denuncias de otros 13 exalumnos contra Benítez por la prescripción del delito, no atendiendo tampoco a la petición de la acusación particular de que estas victimas declarasen de todos modos antes de sobreseer sus causas.

La última vez que Benítez compareció ante el juez para declarar fue el 28 de abril. Era la segunda vez que lo hacía, pero esta vez optó por callar. En la primera ocasión, el 6 de febrero, sí que confesó, tal y como había hecho días antes en una entrevista con EL PERIÓDICO, que había abusado de algunos exalumnos. El cambio de estrategia se debió, según el abogado de la acusación, Iban Ferández, a que el exdocente empezaba a ser consciente de la elevada pena que le puede ser impuesta y que podría superar los 40 años de reclusión.