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EL RESULTADO DE UNA AUDITORÍA OFICIAL

La Sindicatura de Comptes detecta irregularidades económicas en el Hospital de Sant Pau

El órgano fiscalizador sostiene que la contabilidad anual no es la "imagen fiel" del patrimonio de una de sus fundaciones

J. G. Albalat

Recinto modernista de Sant Pau.

Recinto modernista de Sant Pau.

La Sindicatura de Comptes considera que las cuentas de los años 2010, 2011 y 2012 de la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, que se encarga de prestar los servicios médicos y sanitarios, no expresan “la imagen fiel” del patrimonio y de la situación financiera de esta entidad. El órgano fiscalizador de la Generalitat ha hallado numerosas irregularidades, entre ellas la adjudicación directa de servicios que requieren la utilización de un procedimiento abierto, la falta de “concreción” en los criterios de valoración de ofertas o el pago de indemnizaciones por despido a altos cargos superiores a las reguladas.

La Fundació de Gestió Sanitària fue constituida el 18 de marzo de 1991 con el objetivo de prestar los servicios médicos y sanitarios. Desarrolla su actividad en el nuevo Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, propiedad de la Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (FPHSP), que es quien les alquila el edificio y las instalaciones.

VARIACIONES CONTABLES

En el apartado de conclusiones del informe, la Sindicatura pone de relieve 20 observaciones relativas a las cuentas anuales, la contratación y la gestión del personal. Entre ellas figura una que expresa que las liquidaciones de los presupuestos de los ejercicios fiscalizados no incluían las variaciones de las deudas con entidades de crédito, ni la variación de existencias. Si se hubieran tenido en cuenta estos dos aspectos, el resultado presupuestario del equilibrio del ejercicio del 2010 habría sido de un superávit de 2,07 millones de euros, y el resultado del 2011 del déficit de 18,75 millones se habría reducido a 2,51 millones.

La Sindicatura también reprocha a la fundación de gestión sanitaria que hiciera contrataciones como si fuera una entidad privada, cuando “reúne los requisitos para ser considerada poder adjudicador” dependiente de la Administración pública y serle de plena aplicación la ley de contratos del sector público. Las observaciones de la Sindicatura en la fiscalización de la contratación se refieren, entre otros, a la falta de autorización del Govern en los contratos de un determinado importe. El dictamen también expone la existencia de un “exceso del gasto ejecutado respecto a gasto contratado” en el periodo 2010-2012.

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