política de vivienda
El Síndic pide 200.000 pisos públicos para frenar el riesgo de exclusión
El Síndic de Greuges calcula que son necesarias 200.000 las viviendas públicas para personas en situación de «emergencia social» en Catalunya, y ha pedido un registro integrado en todo el territorio del parque público de viviendas. Este inventario único no existe actualmente y serviría para poner en relación los pisos habitables con el registro de solicitantes, que se creó en el 2007.
El Síndic, Rafael Ribó, presentó ayer un informe sobre el acceso a la vivienda social e instó a la Administración a actuar «con celeridad para establecer un protocolo inmediato y transversal que garantice el realojamiento de personas en riesgo de exclusión». Y apostilló que «se debe tener en cuenta el interés superior de la infancia», de modo que el acceso a una vivienda «tiene que ser prioritario cuando se vean a
afectados niños o adolescentes».
Para cumplir estos objetivos, el informe propone una nueva gestión del parque público de viviendas y un incremento de los recursos destinados al alquiler social, así como una mejora de la adjudicación de pisos de protección oficial, y pide que se revise la definición de las situaciones de emergencia social y económica.
Ribó reclamó «un compromiso entre las administraciones para coordinarse y gestionar los parques de vivienda pública», por ejemplo, con «cesiones de viviendas sociales entre municipios».
También abogó por un acuerdo de la Administración con los propietarios privados de pisos desocupados, y recordó que la Sareb (el banco malo) «tiene que destinar a alquiler social al menos el 30% de las viviendas que ha adquirido a un coste bajo».
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