El Parlament reclama la clausura de los centros para extranjeros

Es un posicionamiento simbólico y también histórico. Inimaginable hace no tanto. Un triunfo de las entidades sociales. El Parlament se pronunció ayer por primera vez a favor del cierre de los centros de internamiento para extranjeros, con un ojo puesto especialmente en el CIE de la Zona Franca, ejemplo de opacidad y escenario de sufrimiento para muchos foráneos que se han visto encerrados en sus instalaciones por estar irregularmente en España.

La votación del Parlament tuvo lugar en el seno de la comisión de justicia y derechos humanos del Parlament y afectó a las conclusiones del grupo de trabajo creado sobre modelos de centros de internamiento para extranjeros. Hace tiempo que las entidades más implicadas -Tanquem els CIE, SOS Racisme. Migrastudium- habían marcado en rojo la fecha de ayer. Antes trabajaron codo con codo para desplazar a los grupos parlamentarios a su bando. Al final se llevaron el gato al agua. Las tres entidades celebraron lo acontecido en un comunicado: «Somos conscientes de que este es un paso más en la lucha contra una política migratoria represiva y asesina. Seguiremos vigilantes para el escrupuloso cumplimiento de estos acuerdos. Continuaremos trabajando para hacer efectivo el cierre de los CIE».

EL TEXTO

La posición de CiU era decisiva para el desenlace final. Y fue favorable. CiU, ERC, el PSC, ICV-EUiA y la CUP acordaron un texto que el PP y Ciutadans rechazaron. Este es el redactado acordado: «El Parlament insta al Govern de la Generalitat a exigir al Gobierno del Estado iniciar en el plazo más breve posible un proceso que conduzca al cierre progresivo de los centros de internamiento para extranjeros, atendiendo al hecho de que la directiva 2008/115/CE no obliga a su existencia, y por razón de aplicación de medidas cautelares alternativas al internamiento, como la presentación periódica ante la autoridad, el depósito de documentación, la obligación de residir en un lugar determinado o la libertad vigilada».

A quien la parezca que la votación de ayer no es relevante porque la competencia de los CIE es estatal habría que recordarle que el progreso logrado es muy significativo. Que la mayoría de los grupos del Parlament se sumasen a la petición parecía imposible. Las denuncias contra el CIE de la Zona Franca se han disparado de un tiempo a esta parte. En los últimos años ha habido tres muertos. En el 2010 un marroquí de 22 años se suicidó. En el 2012, el guineano Idrissa Diallo murió de madrugada. No había médico para atenderlo. En el 2013, el armenio Aramis Manukyan se colgó con los cordones de un zapato.

EL REGLAMENTO Y EL JUEZ

El Gobierno central siempre ha rechazado abordar el cierre de los CIE y tan solo aceptó entrar en el debate de elaborar un reglamento. En realidad era obligatorio por ley, pero se retrasó cuatro años. El reglamento, bajo la dirección del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, se hizo para cubrir las lagunas evidentes del día a día en los centros. Lo que llevó a comparar los CIE con las cárceles fue que ni siquiera existían las garantías mínimas, como, por ejemplo, un horario de visitas estable. El director del centro tenía potestad para decidir cuándo entraban o salían los familiares. Y si tenía mal día, las interrumpía de sopetón.

El reglamento se aprobó pero no logró lo que se había prometido: dejar en manos de las entidades sociales la atención a los internos, que no están condenados por cometer delito alguno, sino retenidos por la falta de residir irregularmente en España. Al final, lo que más ha pesado en favor de la vida de los internos del CIE de la Zona Franca es la labor de vigilancia del juez Joaquín Aguirre, que fue quien actuó para pedir mejoras. Porque en el centro las celdas no tienen váter, a menos de que los hayan instalado ya, como ordenó Aguirre. Porque las duchas ardían o helaban y a nadie le importaba.

La imagen de opacidad del CIE se vio alimentada por el secretismo decretado por el Gobierno central, que ha puesto todo tipo de obstáculos a que sea visitado. Por el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, y por los diputados. De hecho en el 2014 un grupo de parlamentarios catalanes visitó el centro por la vía de simular que eran familiares de internos.