Circuito alternativo

Un centenar de profesionales que ejercen en los centros públicos de salud sexual y reproductiva de Catalunya, apoyados por numerosas sociedades científicas, preparan las alternativas médicas que prevén ofrecer, cuando se apruebe la ley Gallardón, a las embarazadas que sin alegar que están psíquicamente enfermas intenten interrumpir su gestación. Este colectivo, agrupado bajo el apelativo genérico de Xarxa de Dones per la Salut e integrado por comadronas, ginecólogos, psicólogos y enfermeras, ha intercedido en el Congreso, ante diputados contrarios al proyecto del ministro de Justicia, con el fin de que la ley de protección del concebido no sea aprobada, y cuenta con el apoyo de la Conselleria de Salut, cuyo titular, Boi Ruiz, ha expresado su voluntad de defender la ley de interrupción del embarazo en vigor, al considerar que es eficaz y no causa conflicto social.

La red en cuestión impulsa asimismo la redacción de una ley catalana del aborto, un texto sobre el que, asegura Silvia Aldavert, coordinadora del colectivo, «se está trabajando». El objetivo de esta organización es disponer de una mínima estructura en los centros sanitarios públicos que ahora atienden la salud sexual y reproductiva, que pueda activarse y facilitar el aborto, sin incumplir la nueva ley, una vez se conozca el texto definitivo aprobado por el Gobierno de Rajoy.

«Cuando se apruebe la ley, las mujeres que intenten abortar solo tendrán dos alternativas: o van al extranjero, o actúan en la clandestinidad -dijo Aldavert-. Nuestro propósito es crear un circuito oficial que dé respuesta a esas mujeres sin que esto suponga dejar en inseguridad jurídica a los psiquiatras o ginecólogos que las atiendan». La ley Gallardón no permitirá que los médicos ofrezcan información sobre alternativas para abortar, y prevé penalizar con hasta seis años de inhabilitación profesional a los médicos que faciliten una intervención que no se ajuste al los supuestos que autorizará: cuando la gestación surja de una violación o si supone un grave quebranto para la salud de la mujer.

El compromiso

En un reciente encuentro promovido por la citada red de profesionales, en el que participaron responsables de la Conselleria de Salut y representantes de las sociedades de psiquiatras, psicólogos y juristas de Catalunya, así como de CiU, PSC, ICV y ERC, se obtuvo el compromiso de la Generalitat de propiciar la citada oferta sanitaria paralela.

«El Gobierno catalán se compromete a hacer frente a la reforma de Gallardón y definir unos canales de acceso a la interrupción del embarazo que proporcionen a las mujeres y a los profesionales que las atiendan una práctica segura y de calidad», afirmó en dicha reunión Francesc Sancho, director de la Secretaria de Participació Local i Social en Salut. Sancho puntualizó, no obstante, que dicho circuito no se diseñará hasta conocer el texto definitivo al que habrá de responder.

«No es lo mismo que la mujer haya de buscarse dos certificados psiquiátricos que la autoricen a abortar [así lo prevé el proyecto],   que contar con psiquiatras no objetores de conciencia dispuestos a colaborar», apuntó Aldavert. Esos profesionales, añadió, en cualquier caso habrán de ajustarse a la ley, ya que serán responsables absolutos del acto médico que facilite el aborto. No será sencillo.