Enfermos bajo sospecha

La mutua propondrá al médico de familia el alta motivada a los cinco días de baja del trabajador. El facultativo tendrá que responder expresamente si acepta o deniega la propuesta. De lo contrario se entenderá que da el visto bueno a la incorporación del trabajador a su puesto. La mutua notificará al empleado y a la empresa el fin de la baja y el alta será automática. Si el trabajador o el médico no están de acuerdo podrán recurrir a la inspección, que resolverá en cinco días.

Ahora las mutuas solo deciden las altas si se trata de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Para las enfermedades comunes -las que quiere regular el Gobierno-, estas asociaciones solo pueden proponer el alta al médico de familia del servicio público de salud y si este no resuelve en 15 días, se entiende que el alta no está concedida. Se calcula que el 60% de las propuestas de alta quedan sin contestar, aunque las mutuas  pueden recurrir la decisión.

El control y seguimiento del trabajador enfermo durante el tiempo que esté en situación de incapacidad temporal (IT) corresponderán al médico de familia que haya dado la baja. Pero el Gobierno propone que las mutuas puedan comprobar el estado del enfermo accediendo a los informes y pruebas diagnósticas que le hayan realizado y que los médicos del servicio público estarán obligados a entregar. Las mutuas respetarán el derecho a la intimidad y la confidencialidad de estos datos.

Cuando el trabajador de baja no compareciese a los reconocimientos médicos a los que le convocara la mutua, se producirá una «suspensión cautelar» de la prestación por parte del director provincial de la Seguridad Social hasta que no se compruebe si la incomparecencia al reconocimiento médico está justificada o no. Por ejemplo, si el enfermo no ha podido ir a la revisión porque ha tenido que acudir al entierro de un familiar, deberá justificarlo.

El Consejo Económico y Social (CES), que emite dictámenes de los proyectos de ley de contenido socioeconómico, rechazó a finales de enero pasado los planes del Gobierno por 46 votos a favor, 6 en contra y 2 abstenciones. Este órgano consultivo pidió que se retire la ampliación de las facultades de las mutuas en la gestión de las bajas por entender que no se debe castigar al trabajador con la pérdida de la prestación porque el médico no responda a la petición de alta.

Estas entidades aseguran que la gestión de las altas permitirá un ahorro de costes a la Seguridad Social que el Gobierno ha cifrado en unos 500 millones de euros. Ahora las mutuas administran más de 8.400 millones de ingresos en cotizaciones sociales. Según datos oficiales, en el 2013 la Seguridad Social pagó 5.028 millones de euros por incapacidad laboral transitoria, unos 1.700 millones menos que en el 2010. Los expertos reconocen que con la crisis ha descendido el número de bajas.

El Gobierno estima que al año cada trabajador pierde 11,4 días de media de forma injustificada, frente a países como Finlandia, donde se pierden 8,4 días, Dinamarca (7), Canadá (6,8) o Estado Unidos (4,9 días). En todo caso, en España solo el 20% de las empresas tiene encargada la gestión de las bajas por enfermedad común al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Es decir, las mutuas gestionan cerca del 80% de las bajas y el 98% de los accidentes laborales.

En caso de que se les dé la gestión de todo el proceso de la enfermedad, las mutuas podrán realizar conciertos con centros privados para acelerar los diagnósticos que habitualmente realiza el servicio público de salud. También podrán alterar las listas de espera para operaciones quirúrgicas con el fin de acelerar la incorporación del trabajador. Las empresas pagan los 15 primeros días de baja; desde el decimosexto pueden pagar las mutuas si así lo han pactado.