Las pymes piden el fin del "peaje" para acceder a los tribunales

una de las demandas que logró más apoyo por parte del millar de pequeños y medianos empresarios que acudieron al acto reivindicativo de la patronal Pimec en Barcelona para conseguir un mejor trato a este sector económico fue la propuesta de mejorar la fiscalidad de estas compañías y obtener un acceso rápido, barato y ágil a la justicia para superar la creciente litigiosidad que les afecta. Y uno de los puntos destacados en este sentido es acabar con las nuevas tasas judiciales, calificadas por los dirigentes de Pimec como unos auténticos «peajes» para acceder a la justicia.

Joan Maria Gimeno, presidente de la comisión económico fiscal de Pimec y  socio de la consultoría Laudis Consultor, afirma que las tasas judiciales implantadas por el ministro Alberto Ruiz-Gallardón les han complicado mucho la vida, sobre todo porque ha coincidido además con un momento de muchas reformas jurídicas y tributarias que han provocado un aumento de las causas entre empresas o entre estas y la Administración que deberían dirimirse en los tribunales. La casuística incluye desde los procesos rápidos para recuperar una deuda entre dos compañías particulares hasta conflictos con el fisco.

Una pyme que entra en un proceso judicial tiene que tener en cuenta  que, de entrada, tendrá que hacer frente a unas tasas judiciales que, en su parte fija, oscilan entre los 150 y los 1.200 euros, aunque la media que pagan estas empresas se sitúa entre el mínimo de los citados 150 euros y unos 400. Si pasa a una segunda fase de apelación, esta parte fija asciende ya a 800 euros. A estas cantidades se añade la parte variable, con un porcentaje de salida del 0,5% del importe sobre el que se recurre, y va incrementándose hasta un importe máximo de 10.000 euros. De nuevo, estas cifras son un poco más reducidas para la media de las pymes, y oscilan, según Gimeno, entre los 2.000 y los 2.500 euros. Si la cantidad a reclamar a un cliente o a la Administración no es relativamente grande, o no está claro que se pueda ganar el caso, muchas empresas optan por no buscar el amparo de la justicia, explica el asesor fiscal.

No se disponen de cifras concretas de cuántas pymes han optado por no utilizar la vía judicial por el efecto de las tasas, pero la experiencia acumulada en el despacho de Gimeno es una constatación de que este fenómeno se está produciendo. «Desde Pimec reclamamos que se retiren estas tasas. Afectan directamente al derecho de defensa, lo limitan y lo ponen más difícil para los que tienen menos recursos», afirma el dirigente empresarial.

DINERO PERDIDO / Y añade que la parte más dura de este nuevo gravamen es que se ha convertido en un auténtico «peaje» que nunca se recupera, ni siquiera si la empresa al final gana el proceso. «Si una pyme recurre una decisión judicial porque tiene muy claro que el juez ha cometido un error, deberá pagar de nuevo las tasas que toquen para recurrir y aunque al final una instancia superior le diese la razón no recuperaría ni un euro de las tasas que pagó porque no son reembolsables».