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Análisis

Recordando un villancico navideño

Teresa Crespo

La canción dice: «La mare i el fillet estan mig morts de fred, i el vell tremola. Josep a poc a poc encén allà un gran foc, i els àngels canten…». Una descripción como esta de tiempos pasados no debería repetirse en una sociedad desarrollada y rica como la nuestra, pero desgraciadamente vuelve a ser de actualidad. Hoy hay niños y familias medio muertos de frío que no tienen siquiera la opción de encender un gran fuego.

La decisión del Parlament de Catalunya, aprobada ayer en forma de decreto ley por el Govern, de impedir que las compañías distribuidoras de energía corten el suministro a familias sin recursos me pareció un acierto, pero sentí cierta decepción cuando supe que se trataba de una mera prórroga para realizar los pagos. El hecho de tener que abonar las facturas en los meses posteriores prácticamente invalida la utilidad de la medida, ya que las personas que no tienen ingresos para cubrir ahora sus necesidades mínimas difícilmente podrán hacerlo dentro de cuatro o cinco meses. El carácter limitado del acuerdo, que solamente se aplicará a personas que no superen unos ingresos de 569 euros al mes, hace todavía más evidente la dificultad para pagar las deudas acumuladas.

La medida, que debemos valorar como un primer paso positivo, no cubre realmente a todas las familias que sufren pobreza energética, muchas de las cuales se enfrentan al riesgo de un corte de luz. La condición de que las compañías eléctricas no puedan interrumpir el suministro sin un informe previo de los servicios sociales sobre la situación de la familia es una pequeña protección, pero no ofrece plenas garantías.

La precariedad de las condiciones de vida de los afectados contrasta con los ingentes beneficios de las dos grandes compañías españolas -en el 2012 fueron dos de las tres eléctricas europeas que más beneficios obtuvieron- y con la falta de transparencia de una subasta que se ha traducido en un incremento de más del 10% del precio de la electricidad. El despropósito es fruto de políticas que responden a la más ortodoxa praxis liberal, que prioriza el beneficio privado y se desentiende del servicio a la comunidad. Con prácticas de este tipo nunca conseguiremos una sociedad más justa y equitativa.