La nueva ley hipotecaria aprobada a instancias de la UE no ha mejorado la situación de los afectados

Los afectados por la hipoteca han visto en el año que se acerca a su fin las dos caras de la moneda. Han ganado la batalla de la opinión pública –ya nadie los califica en bloque de manirrotos e irresponsables–, han logrado que el Gobierno se pronuncie sobre la tragedia hipotecaria y han obtenido victorias legales en Europa sin precedentes. Sin embargo, su situación no ha mejorado significativamente. Sobre todo, por lo cicatero que ha sido el Ejecutivo central en la aplicación de la sentencia de la Unión Europea que declaró ilegal el sistema de desalojos español a causa de la existencia de cláusulas abusivas en los contratos hipotecarios.

Los cinco meses de aplicación de la nueva ley hipotecaria han demostrado que no resuelve el bloqueo económico que viven decenas de miles de personas y que está sembrada de minas que los abogados de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca intentan desactivar. Ya que el Gobierno no acompaña, los juristas miran de reojo a los jueces, con la esperanza de que se erijan en guardianes del sentido común. Pero el caso es que los desalojos no se detienen, apenas se reducen, y que no hay menos afectados, aunque sí distintos.

La portavoz de la PAH, Ada Colau, muestra satisfacción e inquietud. «Ha habido un punto de inflexión en cuanto a la opinión pública, esta batalla se ha ganado. Pero ahora el reto es el crecimiento». Ya son 200 las plataformas locales de afectados, que ahora, dice Colau, han dado un paso adelante en su relación con los bancos. Ya no solo ocupan una agencia. «Hemos ganado capacidad de negociación con los bancos. Tenemos contacto directo con personas que pueden pactar una dación».

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