La fiscalía reabre el caso del accidente del metro de Valencia
La investigación contempla tanto los falsos testimonios como el siniestro en que murieron 43 personas
La Fiscalía provincial de Valencia ha abierto diligencias de investigación penal a raíz de las denuncias interpuestas por el PSPV sobre posibles falsos testimonios en la comisión parlamentaria que investigó el accidente de Metrovalencia del 3 de julio del 2006, en el que murieron 43 personas.
Según informa la fiscal portavoz, se procede a la apertura de las diligencias de investigación por el escrito denuncia de la diputada autonómica socialista Ana Barceló sobre las actuaciones de testigos en la comisión de Les Corts Valencianes de investigación del accidente. La Fiscalía señala que se procede a incoar diligencias de investigación penal por un posible delito contra las instituciones del estado del artículo 502.3 del Código Penal.
La Fiscalía de la Comunidad Valenciana había remitido a la Fiscalía Provincial de Valencia la denuncia de la diputada socialista al considerar que "no aparecía persona alguna aforada en la comisión de esas conductas" de posibles falsos testimonios.
Petición socialista a partir del 'Salvados'
En su denuncia, el PSPV-PSOE advertía que en la comisión de investigación de las Corts Valencianes creada tras el accidente de Metrovalencia era posible que personas que testificaron ante ella "faltaran a la realidad inducidos por otros", y pedía por ello una nueva investigación.
Para argumentar esta denuncia, los socialistas entregaron al Tribunal Superior de Justicia valenciano una grabación del programa televisivo 'Salvados' de La Sexta sobre el accidente, y las actas de la comisión de investigación, que empezó el 17 julio y concluyó el 4 de agosto de 2006. Asimismo, el PSPV-PSOE aportó una copia del argumentario, con las preguntas y las respuestas, que elaboró la empresa de comunicación H&M Sanchis para que lo utilizaran los comparecientes de Metrovalencia en la comisión parlamentaria de investigación.
La Fiscalía ha admitido además los escritos presentados por Antonio Marín, de Cercle Obert de Benicalap, y César Guardeño, de Círculo por la Defensa y Difusión del Patrimonio Cultural, en los que pedían la reapertura de las investigaciones sobre el accidente y analizar las posibles causas del mismo, y decide también abrir las "diligencias de investigación penal correspondientes".
El Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia decidió el pasado mes de marzo imputar a la exgerente de Metrovalencia Marisa Gracia por los delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental en relación a los contratos con la consultora que asesoró a los comparecientes en la comisión de investigación sobre el accidente.
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