Un exconsejero de Madrid gestiona un hospital que él otorgó a la privada

La historia se repite en las filas del PP. Tras el caso de Juan José Güemes, que pasó de exconsejero de Sanidad del Ejecutivo de Esperanza Aguirre a la gestión de la empresa que lleva a cabo lo análisis clínicos de seis hospitales que él privatizó -aunque dimitió tras conocerse-, ayer se supo que Manuel Lamela, su sucesor, trabaja en el consejo de administración de Assignia Infraestructuras, compañía que participa en la sociedad que gestiona el Hospital del Tajo, en Aranjuez, por un contrato que él mismo le adjudicó como responsable de la sanidad madrileña en el 2005. El convenio, con una vigencia de 30 años, asciende a un total de 270 millones. El centro sigue el modelo de gestión semiprivada implantado por el PP en las comunidades de Madrid y de Valencia, donde solo los servicios médicos son públicos. Presta servicio a un área de 80.000 habitantes y será privatizado totalmente junto a otros cinco en breve.

Azote en su época de consejero del doctor Luis Montes, al que expedientó por las supuestas sedaciones irregulares en el Hospital Severo Ochoa -que fueron archivadas por la justicia-, Lamela eludió ayer dar explicaciones. La Comunidad de Madrid lo defendió a capa y espada y se escudó en que han transcurrido más de cinco años entre la concesión y su incorporación al puesto, por lo que no viola la ley de incompatiblidad de altos cargos, que solo veta durante dos años la entrada en la empresa privada. «No ha realizado ninguna gestión sirviéndose de su cargo anterior ante esta consejería», aseguró su actual responsable, Javier Fernández-Lasquetty, quien matizó que Lamela solo forma parte del consejo de administración de «una de las empresas» de la sociedad que gestiona el hospital.

DURAS CRÍTICAS / Como en elcaso Güemes, la actual actividad de Lamela, desvelada por la cadena SER, levantó un alud de duras críticas por parte de los partidos de la oposición y los asociaciones de médicos y pacientes, que tacharon el caso de «escandaloso», «muy poco ético» y «disparate». El líder madrileño del PSOE, Tomás Gómez, pidió el fin de «la política del PP de que la sanidad sea un negocio que beneficia especialmente a los exaltos cargos». Incluso acusó a la Comunidad de haber organizado «una auténtica trama». «La privatización está muy claramente relacionada con sus negocios. Están cogiendo lo que es de todos», afirmó. La ministra de Sanidad, Ana Mato, se limitó a comentar que Lamela «tendrá que dar explicaciones», pero le arropó mostrándose convencida de que cumple la legalidad.