FIN DE UN LIMBO LEGAL
El Gobierno anuncia la regulación de los CIE
Fernández Díaz asegura que la policía solo se encargará de la seguridad, y "personal especializado", del resto de tareas

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, durante la comisión de Interior del Congreso, este martes. / JLR
El ministro delInterior, Jorge Fernández Díaz, ha anunciado esta mañana en elCongreso de los Diputados que su departamento elaborará un reglamento que "regule las formas de gestión" de losCentros de Internamiento de Extranjeros (CIE), tal como ha adelantado EL PERIÓDICO en suedición de este martes.
Sobre el contenido de la nueva norma, el ministro ha precisado que la policía pasará a ocuparse solo de la gestión "de la seguridad, de aquello que le es propio", mientras que el resto de las tareas serán asumidas por "personal especializado". También avanzó que el texto legal "irá en la línea" de las recomendaciones dictadas por la Defensora del Pueblo en funciones, María Luisa Cava de Llano, "a raiz de suvisita" al CIE de la Zona Franca.
Estas decisiones responden satisfactoriamente a lacampaña impulsada por EL PERIÓDICO por el fin del limbo legal de los CIE, apoyada por entidades comoSOS Racisme, CCOO, Fedelatina y Jueces para la Democracia, y que ha reunido cerca de 7.500 firmas de ciudadanos.
El ministerio abordará también "cambios de cierto calado" en las instalaciones de Málaga y Algeciras, objeto de reiteradas denuncias por parte de organizaciones defensoras de los derechos humanos. Con estas medidas, Fernández Díaz pretende responder a la "gran preocupación social" que han despertado las revelaciones sobre el funcionamiento de los centros tras la muerte acaecida en el de la Zona Franca. Para relativizar ese grado de precupación, pero sin quitarle importancia, el ministro apuntó dos datos: que el índice de ocupación media de los 12 CIE el año pasado fue del 67,39%, y la estancia media de los inmigrantes, 18,21 días, "muy inferior" a los 60 que constituyen el tope legal.
Fernández Díaz ha recordado asimismo que "infringir normas de carácter administrativo" sobre su situación en España "no convierte a los inmigrantes en delincuentes". Diversas entidades habían pedido elcierre de este tipo de centros.
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