La gestión de la inmigración

La defensora del Pueblo envía una delegación al CIE de BCN

140 entidades firman un manifiesto por el cierre de los centros

T. S.
BARCELONA

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Tres miembros de la oficina de la defensora del Pueblo, María Luisa Cava de Llano, visitaron el martes y ayer el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca. Según fuentes de la oficina, la visita se había previsto antes de la muerte en el CIE del guineano Idrissa Diallo, que falleció de un infarto el 6 de enero.

La institución ya ha visitado en tres ocasiones el centro desde que fue abierto en el 2006. Las mismas fuentes sostienen que aunque la visita, de la que informó Europa Press, estaba ya preparada, puede contribuir a ofrecer datos para la investigación abierta por la defensora por la muerte de Diallo. La institución pidió todos los datos sobre lo sucedido.

La muerte de Diallo ha marcado un antes y un después en relación con los CIE. Al margen de la campaña que EL PERIÓDICO ha emprendido para que sean regulados, incluida una recogida de firmas que ayer superaba ampliamente las 4.000, un total de 140 entidades han firmado un manifiesto que solicita el cierre de los nueve CIE que hay en España. El texto fue presentado ayer en la sede de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB), en un acto en el que se pusieron sobre la mesa todas las denuncias que los centros generan por su situación actual.

TESTIMONIO / Entre quienes intervinieron figuraba Cristina Fernández, jefa del área de migraciones, derechos y sistemas de control del Observatori del Sistema Penal i els Drets humans, de la UB, que fue una de las personas que pudieron entrar en el CIE de la Zona Franca en una visita de varias entidades que tuvo lugar el pasado 28 de septiembre, y todavía se estremecía recordando el interior del centro.

También intervino el abogado José Javier Ordóñez, que subrayó la falta de datos relacionados con estos centros. Ordóñez aludió a un informe que cifra en 16.000 los extranjeros que pasaron por un CIE en el 2009, y destacó que según la misma fuente de ese total solo el 51% acabó expulsado. El abogado afirmó que defiende regular los CIE, pero teniendo en mente como objetivo final que todos sean clausurados.

Según un portavoz, el llamado 18-D, que impulsa una campaña a favor del cierre de los CIE, no persigue mejoras en los centros si se hacen con el planteamiento de mantenerlos abiertos.