El examo de un prostíbulo cubrió la fianza de un guardia civil imputado

La fianza de 12.000 euros que la jueza de Martorell (Baix Llobregat) fijó para que el teniente coronel de la Guardia Civil Alfonso López Rubio no entrara en la cárcel por su presunta vinculación con una red de narcotraficantes fue depositada por el que fue propietario de un prostíbulo de Tarragona, según fuentes cercanas a la investigación. La persona que figura es Balbino García Caruel, socio fundador de ANELA (Asociación Nacional de Empresarios de Locales de Alterne) y que al menos hasta septiembre del 2007 estaba al frente del club de alterne Estel, ubicado en El Vendrell (Baix Penedès).

La orden de prisión --que eludió al pagar la fianza-- del teniente coronel de la Guardia Civil Alfonso López Rubio fue dictada el pasado mes de febrero y reactivó los últimos coletazos de una compleja instrucción que comenzó en enero del 2005 con el robo de 400 kilos de cocaína de un contenedor del puerto de Barcelona. Hace dos años, el impulso que imprimieron al caso dos fiscales anticorrupción derivó en una investigación que permitió desarticular una banda liderada por un delincuente que desde finales de los 90 presuntamente contó con la colaboración de guardias civiles, expolicías nacionales y abogados para traficar con droga y robar a otros narcos.

Cuando declaró, López Rubio estaba destinado en la comandancia de la Travessera de Gràcia de Barcelona, en el servicio de intervención de armas. El teniente coronel es el oficial de mayor graduación implicado en esta trama de presunta corrupción. Según fuentes judiciales, se le imputan unos presuntos delitos que los investigadores sitúan entre finales de los 90 y el 2005, cuando era jefe de la comandancia de Manresa (Bages). También se le atribuye una extraña relación con confidentes policiales. Incluso, en su declaración se le preguntó sobre dos billetes de avión que fueron comprados por un confidente para que sus hijos viajaran a Londres. El teniente coronel lo admitió, pero aclaró que fue un encargo y después los pagó.

LA TRAMA

El proceso judicial sobre esta trama se reactivó ayer con la declaración de dos testigos propuestos por la defensa de López Rubio y de otro imputado. El general en la reserva y hasta mayo del 2003 responsable de la Guardia Civil en Catalunya Manuel Fuentes Cabrera y el coronel Miguel Gómez Alarcón comparecieron ante la jueza y reconocieron que tuvieron conocimiento en 1999 de unos informes confidenciales en los que dos agentes relataban la existencia de una presunta trama de agentes corruptos relacionados con narcotraficantes. En uno de ellos se detallan las sospechas que entonces había sobre el guardia civil Antonio Sáenz Martínez, apodado Tete, que actualmente está encarcelado.

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El letrado de López Rubio aportó en febrero al juzgado estos informes oficial internos redactados entre febrero y marzo de 1999 y que llegaron a las manos, según alguna versiones, del que entonces era coronel jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Barcelona, Manuel Fuentes Cabrera, quien los remitió al jefe de la zona de Catalunya. Este alto mando dudó sobre su credibilidad porque había datos inexactos.

Pero la sorpresa sobre estos informes saltó ayer, cuando el coronel Miguel Gómez Alarcón, que ha coordinado la investigación sobre la trama de Martorell, declaró que uno de los documentos estaban incompletos y faltaban folios. A raíz de esta revelación, los fiscales del caso indicaron una posible ampliación de las imputaciones contra López Rubio, pues podría haber cometido un presunto delito de infidelidad en la custodia de documentos porque los informes no deberían estar en su poder. La fiscalía podría reclamar oficialmente estos documentos.