Santa Coloma licita la instalación de videocámaras para la futura zona de bajas emisiones

Santa Coloma de Gramenet da los primeros pasos en firme para acoger su Zona de Bajas Emisiones (ZBE). El Ayuntamiento licitó esta semana las obras correspondientes al proyecto ejecutivo de implantación de la ZBE, con un presupuesto de 1.660.580,03 euros, IVA incluido. Se prevé la instalación de 46 cámaras por toda la ciudad, repartidas en 23 ubicaciones diferentes, acordadas con los responsables técnicos del Ayuntamiento colomense. Según los pliegues de la contratación, "las cámaras de lectura de matrículas tienen que poder leer todo tipos de matrículas de vehículos a motor, incluidos los ciclomotores".

También es objeto del contrato el desarrollo de la nueva plataforma para la gestión de la monitorización, caracterización del parque de vehículos y el control de infracciones desde el punto de vista medioambiental de los vehículos que circulen por el interior de la ZBE.

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Con urgencia

La tramitación de la licitación tiene carácter de urgencia, ya que la subvención otorgada de los fondos Next Generation de la Unión Europea tiene un periodo de ejecución límite que finaliza este 2024, y que es improrrogable. En este sentido, todas las actuaciones subvencionadas tienen que estar ejecutadas y pagadas antes del 31 de diciembre de este año.

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Así, en febrero de 2022 se aprobó la concesión a Santa Coloma de Gramenet de más de 5,4 millones de euros para la ejecución de nueve actuaciones referentes a la implantación de la ZBE dentro de la ciudad, una de las cuales es la que refiere este contrato. Es por ello que el plazo marcado por el contrato para la instalación de los elementos es de 10 meses: "A fecha 20 de diciembre de 2024 tiene que estar ejecutado, como mínimo, un 80% del presupuesto de ejecución del contrato.

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Se da el hecho que el proyecto de implantación se aprobó hace 20 meses. Sin embargo, en el pliegue del contrato se lee que "ha sido necesaria su revisión y actualización a nivel de precios y normativa antes de iniciar la licitación de las obras para garantizar su vigencia y adecuación a los precios actuales de mercado y garantizar de este modo la concurrencia en el procedimiento de contratación".

Por todo ello, el documento de contratación refiere que "concurren necesidades inaplazables de interés público que aconsejan resolver con la máxima celeridad y eficacia esta licitación, reduciendo los plazos de tramitación del expediente y del procedimiento de adjudicación, dado que se trata de un servicio público obligatorio y necesario".

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