Los pagos de farmacéuticas al director del ICO llegan al Parlament

Los pagos de laboratorios farmacéuticos al director general del Institut Català d'Oncologia (ICO), Ramon Salazar i Soler, han llegado al Parlament de Catalunya. La diputada del PSC Assumpta Escarp ha registrado una pregunta en la cámara catalana en la que solicita a la Conselleria de Salut explicaciones sobre el expediente abierto por el departamento el pasado lunes después de que EL PERIÓDICO desvelara que Salazar había cobrado 14.036,09 euros durante 2022, ingresos que el facultativo no declaró en el Portal de Transparència de la Generalitat, como es su obligación al ser considerado alto cargo de la Administración autonómica. La CUP, por su parte, ha requerido una copia del expediente informativo al representante del centro de referencia del cáncer en Catalunya y también los incoados durante los últimos 10 años a personal de la sanidad púbica.

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La bola de nieve sobre los pagos a Salazar y la actividad de una empresa que él mismo fundó junto con su mujer se está haciendo cada vez más grande. A las dos iniciativas del PSC y la CUP, se suma el "malestar", "preocupación" e "indignación" de las sectoriales en el ICO de los sindicatos UGT y CCOO por lo que consideran una posible falta de "ética" y "transparencia". El ambiente de crispación por la actividad privada del facultativo se ha extendido en el seno del hospital oncológico, según fuentes consultadas por este diario. También el sindicato Metges de Catalunya, a través de un tuit, ha reclamado a Salut que sea "estricta" con el cumplimiento de las leyes de "transparencia" y de "incompatibilidades" por parte de los altos cargos.

La única explicación que portavoces del ICO han ofrecido a este diario es que el importe corresponde a "sesiones informativas y conferencias públicas" que ha impartido Salazar. A la pregunta de por qué no se declararon, la única respuesta ha sido que "está en proceso de información a la Generalitat".

Más allá de las cuestiones relacionadas con el expediente informativo abierto por Salud, la diputada socialista Assumpta Escarp también pregunta en su escrito si se han implementado "acciones provisionales" respecto a Salazar. Las cuestiones planteadas por la parlamentaria son diversas: cuándo tuvo conocimiento la 'conselleria' de los pagos de farmacéuticas al director del ICO y a través de qué vía; qué espera del informe final del expediente; qué medidas tiene previstas el departamento si se confirman las irregularidades, y si se incluye en ese expediente la información también desvelada por este diario sobre que una empresa fundada por Salzar organiza desde hace años tertulias oncológicas patrocinada por laboratorios. Salazar dejó de ser administrador de la compañía cuando fue nombrado director general del ICO y quedó como responsable de la misma su mujer.

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Incompatibilidades de sanitarios

La CUP, por su parte, ha reclamado copia del expediente informativo sobre la actividad privada del director general del ICO. La formación también ha pedido las actuaciones que el Departament de Salut ha realizado durante los últimos 10 años por posible incompatibilidad del personal sanitario al servicio de la administración de la Generalitat. En particular, las referentes a la "prestación de servicios", labor que está prohibida expresamente por la legislación vigente. Asimismo, reclama al Comité Assessor d'Ètica Pública de la Generalitat los informes de alertas, comunicaciones, quejas, observaciones o sugerencias sobre la conducta ética de altos cargos y personal directivo de centros adscritos al Departament de Salut.

Los representantes de los sindicatos UGT y CCOO en el ICO han emitido comunicados en los que muestran su preocupación ante las informaciones publicadas por EL PERIÓDICO sobre la actividad privada de Salazar. En este sentido, CCOO afirma que "los hechos descritos y la información recogida" en los artículos "quedan muy lejos de la ética, la transparencia y los valores que desde los inicios del ICO ha querido transmitir", a la vez que denuncia la manera de hacer "poco íntegra y transparente". Por esa razón, exige que "se aclare de manera inmediata" esta situación y califica de "falta de integridad, honestidad, ética y transparencia" la conducta del director general del centro sanitario. UGT, por su parte, considera esta conducta una "grave falta de transparencia que no se puede permitir un alto cargo de la sanidad pública catalana". Según esta organización, los profesionales se quieren "desmarcar" de "esta manera de hacer" en un momento, dice UGT, en que no se sienten "valorados ni cuidados" por la dirección del ICO.