Obligatorio en Catalunya

El pasaporte covid subraya la brecha digital que excluye a los ancianos

Las entidades denuncian que esta "exclusión social" es una "forma de maltrato" y salen al rescate de los mayores ante el abandono de la Administración

Cartel en el CAP Gòtic de Barcelona, este jueves.

Cartel en el CAP Gòtic de Barcelona, este jueves. / Ferran Nadeu

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Beatriz Pérez
Beatriz Pérez

Periodista

Especialista en sanidad, temas de salud

Escribe desde Barcelona, Catalunya, España

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La obligatoriedad del certificado covid, que desde la medianoche de este viernes será obligatorio para entrar en los bares, restaurantes, gimnasios y residencias de Catalunya, ha puesto de manifiesto una realidad que discrimina, sobre todo, a las personas de avanzada edad: la brecha digital. Muchos ancianos no disponen de internet ni de un 'smartphone', y tampoco poseen las habilidades tecnológicas necesarias para acceder a la web La Meva Salut o la página vacunacovid.catsalut.gencat.cat, desde las que se puede conseguir el documento. Esta brecha digital también afecta a las personas inmigrantes que, por cuestiones lingüísticas, se quedan fuera del sistema.

Ello ha traído consigo, en los últimos días, largas colas en algunos centros de atención primaria (CAP), de nuevo saturados por la sexta ola pandémica, para conseguir el certificado. La Conselleria de Salut pide a la gente que no vaya a los CAP para pedir este certificado, aunque matiza que, en caso de que alguien lo necesite, puede dirigirse a los puntos poblacionales de vacunación para la impresión del documento. Este jueves el 'conseller' Josep Maria Argimon se ha limitado a pedir a la ciudadanía "solidaridad" y "corresponsabilidad" para ayudar a quienes sufren la brecha digital, pero no ha dado más soluciones salvo la de habilitar otra web (la de vacunascovid) para acceder al pase covid.

El tercer sector pide a Salut que envíe por correo postal el documento

Sin embargo, muchas entidades lamentan que, dado que el certificado digital se ha vuelto obligatorio, no sea la propia Administración la que facilite su obtención. Una opción sería, por ejemplo, enviarlo imprimido por correo postal a un determinado sector poblacional. Y critican, sobre todo, lo discriminatorio de esta situación.

"La brecha digital afecta a las personas mayores más vulnerables y eso es un fenómeno de exclusión social absoluto", denuncia Salut Camps, jefa del área de gente mayor de la Fundació Roure, que atiende a más de 600 personas mayores vulnerables de toda Barcelona. "Nuestros usuarios son muy vulnerables. Casi no salen y no necesitan el pase para ir al restaurante, al cine o al teatro. Pero sí lo necesitan, por ejemplo, para ir a nuestra Escola d'Envelliment", dice Camps. Las entidades que organizan esta escuela piden al CAP que les imprima el documento.

Otros muchos ámbitos

Camps alerta de que la brecha digital no está solo presente en el pasaporte covid, sino "en todos los ámbitos de esas personas mayores que no tienen conexión a internet". "Hay muchos otros trámites que se hacen por internet: pedir cita médica por La Meva Salut, los trámites de ayudas como el bono social para la luz o el agua, las ayudas para las rentas muy bajas o para pagar el alquiler. O el reconocimiento del grado de dependencia: ¿cómo pueden pedirlo si una de las cosas que tienen que presentar es el padrón, que se solicita vía 'online'?", señala. La Fundació Roure ayuda a estas personas con todos estos trámites, pero alerta de que esta "exclusión social" es "una forma de maltrato".

El 72% de los usuarios de Amics de la Gent Gran solo tienen un teléfono fijo en casa

El 72% de los usuarios de la entidad Amics de la Gent Gran, que lucha contra el aislamiento social de las personas mayores, solo tienen un teléfono fijo en casa. Fue el único canal de comunicación que tuvieron durante el confinamiento de 2020. "La gran mayoría de nuestras personas están marcadas por la brecha digital, no tienen acceso a internet y no pueden descargarse el certificado covid", apunta Albert Quiles, director de la fundación que atiende a un total de 2.000 personas. También los voluntarios de esta entidad están acompañando a los mayores a los CAP para conseguir el certificado covid. "Ya sabemos que Salut recomienda no ir, pero Salut no tiene en cuenta la brecha digital. Sería perfecto que lo enviara por correo postal. Si es obligatorio, la Administración debe facilitárselo a aquella parte de población que no puede acceder", dice Quiles.

Respuesta social

Así, ante el abandono de la Administración, son las propias entidades las que están dando respuesta a los problemas generados por la brecha digital. La Asociación de Vecinos de Ciutat Meridiana, uno de los barrios más pobres de Barcelona, ha imprimido ya 20 certificados covid para sus vecinos. Lo mismo que hacen los 'casals' que forman parte de la Federació d'Associacions de Gent Gran de Catalunya (Fatec). "Ayer tuvimos una reunión con 50 'casals' de toda Catalunya y pedimos a los presidentes que pongan al alcance un acompañamiento para ayudar a que esta gente se baje el certificado", explica Josep Carné, presidente de Fatec. Según explica, más del 40% de los hogares donde solo viven personas mayores de 65 años no tienen internet. "Este no es nuestro trabajo, sino que debería hacerlo la Administración", añade.

Más del 40% de los hogares donde solo viven personas mayores de 65 años no tienen internet

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El vocal de comunicación de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (Camfic), Jordi Mestres, señala, además, que la necesidad del pase covid "ha venido muy de golpe" y eso ha llevado a mucha gente a acercarse a los CAP a pedirlo. "Esto es un trabajo añadido", dice. Cree que Salut debería habilitar puntos en bibliotecas o en ayuntamientos para conseguir este documento.

El CAP Gòtic, por ejemplo, es uno de los que empezó a ver cómo aumentaban las colas desde que el 22 de noviembre Salut anunció la a ampliación del certificado covid. "Viene mucha gente mayor a pedirlo. Las colas se han intensificado. Nuestro centro es pequeño y puede ser que por esto se nos escape alguna urgencia", advierte Meri Torrelles, administrativa del CAP. Torrelles pide "más apoyo social y comunitario" para no colapsar más aún la atención primaria.