El Gobierno recupera la sanidad para todos

El Consejo de Ministros devuelve la tarjeta sanitaria a los inmigrantes simpapeles, justo en el plazo que se impuso el Ejecutivo

Para evitar el turismo sanitario, España asumirá el coste siempre que no haya un país o aseguradora obligado al pago

La ministra de Sanidad, Carmen Montón, en la comisión del ramo del Congreso de los Diputados. / David Castro

Con la filosofía de que “una sociedad justa no deja a nadie atrás”, el Consejo de Ministros recuperó este viernes la sanidad para todos, dejando sin efecto la exclusión de los inmigrantes simpapeles que el PP aprobó en el 2012. Justo cuando se cumplían las seis semanas de plazo que el Ejecutivo se marcó al llegar al poder, para devolver la universalidad al sistema, la reunión aprobó un real decreto que garantiza la atención sanitaria a todas las personas que vivan en España, en igualdad de condiciones, y que entrará en vigor en cuanto se apruebe el BOE.

El derecho se basará a partir de ahora en la condición de ciudadanía y no de asegurado, como introdujo el Gobierno de Mariano Rajoy en plena crisis para ahorrar. Se calcula que se quedaron fuera del sistema en torno a 500.000 inmigrantes, cuyo estado de salud ha empeorado estos años. Algunos estudios cifran en un 15% el aumento de la mortalidad.

Y es que, como argumentó la ministra de Sanidad, Carmen Montón, la atención primaria permite un mejor control de las enfermedades y es “menos gravosa” que los cuidados a través de las urgencias, a los que los inmigrantes sí podían acudir. En cualquier caso, con el paso de los años todas las Comunidades Autónomas han ido sorteando de una y otra forma el decreto del PP, pero sin armonización y seguridad jurídica, problemas que el Gobierno pretende ahora paliar.

Informe de los servicios sociales

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Así, los inmigrantes podrán ser atendidos sin estar empadronados o tener residencia con un informe de los servicios sociales. Y, para evitar el turismo sanitario, el argumento que usaron los populares para aprobar el recorte, el sistema español asumirá el coste siempre que no haya un tercero (país o aseguradora) obligado al pago.

Además el Consejo de Ministros aprobó el real decreto de becas que fija en un 5 la nota mínima, aumenta en 100 euros las ayudas para 250.000 alumnos con rentas más bajas y da un trato preferente a los hijos y víctimas de la violencia machista.