El contacto de la trama rusa del 'procés' pide también que se le aplique la amnistía

El responsable del internacional de CDC y enlace de la trama rusa del 'procés', Víctor Terradellas, y su mujer, Judit Aixalà, han solicitado al titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, a través de su abogado Francesc Sánchez, que se les aplique la ley de amnistía en el caso Catmon/Igman, de la órbita soberanista, sobre supuesta financiación de "manera indirecta" al desafío independentista a través de subvenciones, entre ellas de la Diputación de Barcelona en la época de CiU, según las fuentes jurídicas consultadas por EL PERIÓDICO.

Esta misma petición la ha realizado en el mismo juzgado el exdiputado y exdirector general de Deportes de la Generalitat, Gerard Figueras, defendido por Jordi Pina, que llegó a ser detenido en 2019 en la denominada operación Voloh por el presunto desvío de fondos públicos de la Secretaria General de l'Esport a fundaciones de la órbita soberanista y de CDC.

Terradellas está en el epicentro de la trama rusa del 'procés'. En uno de sus viajes a Moscú, en 2017, el exresponsable de internacional de CDC y amigo de Carles Puigdemont, ofreció a Sergei Markov, influyente exdiputado oficialista y politólogo cercano al Kremlin, el reconocimiento de Crimea a cambio del apoyo ruso a la independencia de Catalunya, según reconoció el exalto cargo ruso a EL PERIÓDICO.

También fue el intermediario para que días antes de la declaración unilateral de independencia fallida, el 27 de octubre de 2017, Puigdemont tuviera un encuentro en su residencia oficial con Nikolay Sadovnikov, un misterioso exdiplomático de ese país e hipotético empresario, y un supuesto general de ese país, Sergei Motin. En una de esas entrevistas, los supuestos emisarios rusos ofrecieron al exmandatario catalán ayuda económica y "10.000 soldados".

Presunto desvío de fondos

Este exdirigente convergente fue detenido en mayo de 2018 durante la macro operación Estela, que también dirigió el juez Aguirre, por un presunto caso de corrupción en la Diputación de Barcelona. Los delitos atañen a la época en que Salvador Esteve (CiU) era su presidente. Los investigadores sospechan que el desvío de dinero público a través de subvenciones supuestamente irregulares asciende a más de dos millones de euros.

La policía practicó 30 detenciones y realizaron una veintena de registros por la presunta comisión de delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsedad documental y fraude de subvenciones. A raíz de dos grabaciones encontradas en el teléfono de Terradellas, el togado inició una investigación separada sobre la trama rusa del 'procés'.

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