Los presidentes de los TSJ ven con preocupación "la permanente descalificación" de la legitimidad de los jueces

Los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia se han reunido estos días en Granada para revisar el estado de la justicia y comprobar qué funciona y qué necesita mejorarse. Entre las conclusiones de las XIX jornadas que celebran, destaca su "preocupación" por "la permanente descalificación" que se hace de la función de los jueces, de su "legitimidad para decidir", y no tanto del sentido de la decisión, precisan. Ello conlleva, advierten, un "creciente deterioro de la imagen de la justicia, con el riesgo añadido de provocar pérdida de confianza por parte de la ciudadanía" sobre su función.

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Sin referencias expresas al término 'lawfare' (persecución injustificada judicialmente del enemigo político), incluido en el acuerdo de investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ni a los insultos realizados por diputados a jueces, los presidentes de los TSJ dicen estar preocupados por "la situación general de la justicia: su diseño constitucional, el encaje institucional de su órgano de gobierno, su politización, real o aparente, los déficits organizativos y estructurales que la lastran desde hace décadas", así que piden a "los responsables políticos que cierren, de una vez por todas, con el mayor consenso y sensibilidad, el proceso inacabado o apenas iniciado de modernización de la justicia".

A continuación señalan que "un año más permanecen invariables grandes retos pendientes", como "reforzar institucionalmente el poder judicial y resolver de una vez y para siempre la crisis institucional del CGPJ, en funciones desde diciembre de 2018", lo que significa que ha doblado su mandato previsto en funciones. Para reorganizar y modernizar el sistema creen necesaria "una profunda y urgente reforma para resolver los déficits organizativos, estructurales, legislativos y tecnológicos que la lastran desde hace décadas".

En las conclusiones alcanzadas, los presidentes de los TSJ se muestran conscientes de que mejorar la imagen de la justicia "concierne a toda la comunidad jurídica, comenzando" por quienes integran el poder judicial, lo que les llevará a afanarse "día a día para conseguir la plena legitimidad funcional [...] con el máximo esfuerzo y compromiso, conscientes de su enorme responsabilidad".

Así creen necesario buscar "los mecanismos legales que refuercen el estatuto profesional del juez en el ejercicio independiente e imparcial de su función, no solo desde la perspectiva formal, sino dotándolo de un contenido material que aleje planteamientos que lleven a una falta de credibilidad por la previa actividad política de jueces".

"La necesidad de mejorar la imagen del juez ante la sociedad, partiendo de la relevancia de sus funciones e incidiendo especialmente en su profesionalidad, independencia e imparcialidad", les llevará a adoptar las medidas necesarias para lograrlo. Entre las que enumeran está mejorar la comunicación de sus decisiones, extender el programa escolar "Educar en justicia" y dar mayor publicidad a los principios de ética judicial que establezca la comisión creada para ello.

Oposición

Además, los magistrados advierten de que las proyecciones de futuro realizadas por el CGPJ alertan de un importante déficit de jueces esta década, como consecuencia de las jubilaciones previstas y la deficiente planificación de las convocatorias de selección para cubrirlas. Para paliar esta situación los presidentes proponen que se realicen anualmente oposiciones para cubrir entre 310 y 320 plazas, además de las que correspondan a los concursos del cuarto turno.

Ello sin olvidar "los principios de mérito y capacidad" que consideran que quedan "garantizados por los sistemas de oposición para el turno libre y concurso para el cuarto turno, sin que el déficit de jueces y magistrados producto de la falta de planificación justifique acudir" a otros sistemas de elección, advierten.

Los presidentes de los Tribunales Superiores también se muestran favorables a la creación de juzgados comarcalizados de violencia sobre la mujer con competencia exclusiva y excluyente en esta materia, de forma que tengan un ámbito territorial que comprenda varios partidos judiciales para proporcionar "una respuesta más especializada, coordinada y con mejores recursos" a esta lacra.