El presidente del CGPJ sale en defensa de los jueces citados en el debate de la amnistía con otro "déjennos en paz"

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por sustitución, Vicente Guilarte, ha aprovechado la inauguración del nuevo curso de la Escuela Judicial para hacer, aun siendo consciente de que es "baldío" y que resulta "cansino", un nuevo llamamiento a los representantes públicos para que "dejen en paz" a los jueces: se abstengan de cuestionar su imparcialidad y combatan sus resoluciones a través de recursos y no acusándoles de "prevaricación" desde la tribuna del Congreso, como ocurrió este miércoles durante el debate de la ley de amnistía.

Los socios del Gobierno cargan en el Congreso contra los jueces del 'procés' y les acusan de prevaricar

Guilarte se ha adelantado así a la petición del resto de vocales nombrados en su día a propuesta del PP, que le habían reclamado por escrito un pleno extraordinario para que el órgano de gobierno de los jueces se pronuncie sobre las referencias a jueces que varios portavoces parlamentarios realizaron en el del Congreso de los Diputados.

“Hago de nuevo un baldío, pero insistente llamamiento institucional a que nos dejen en paz, a que no cuestionen la imparcialidad de los integrantes del poder judicial, cuyo proceder se guía por el principio de legalidad”, ha dicho Guilarte. “Permitidme que una vez más, y lamento ser cansino, pero más lo son ellos, haga referencia a lo sucedido ayer en el Congreso. Amén del sainete y en lo que nos afecta, volvimos a escuchar inaceptables descalificaciones de miembros de la carrera judicial", afirmó el presidente del CGPJ, que celebró que saliera "al paso inequívocamente de todo ello el titular de Justicia", Félix Bolaños.

"No deben olvidar que también quienes nos insultan son parte del poder legislativo de un Estado que los acoge y les brinda su tribuna. La lealtad institucional debiera llevarles al respeto de la independencia judicial y de separación de poderes que yo intento preservar desde lo nuestro frente a lo suyo, pero sin que me sea posible ante sus constantes injerencias", señaló ante los futuros jueces.  

Nueve vocales

Las palabras de Guilarte en Barcelona se produjeron prácticamente de forma simultánea a que los nueve vocales que conforman el sector conservador del órgano registraran un escrito para solicitar un pleno en el que se afirma que esos pronunciamientos se produjeron "ante la aquiescencia y mutismo de la presidenta de las Cortes", Francina Armengol, y requieren una respuesta por parte del Consejo.

Para fundamentar su petición se remitieron a la declaración institucional suscrita el pasado día 19 por la Comisión Permanente del CGPJ, cuando salió en defensa del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, tras las palabras de la vicepresidenta Tercera del Gobierno, Teresa Ribera. García Castellón fue el magistrado más veces nombrado por la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, que también citó al presidente de la Sala Segunda, Manuel Marchena, y al juez de Instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre. A García Castellón también lo nombraron varias veces los diputados de Podemos, Martina Velarde, y de Sumar, Gerardo Pisarello.

En esa declaración institucional el CGPJ apelaba "a la moderación, prudencia y mesura y a la responsabilidad institucional para evitar la utilización política de la justicia o el cuestionamiento de la independencia, la imparcialidad y la profesionalidad de los jueces". Consideraba "imprescindible reafirmar que la actuación del poder judicial, institución esencial en toda sociedad democrática, persigue en todo momento el cumplimiento de la ley y la defensa de los derechos reconocidos a todos los ciudadanos españoles".

Entendía que las manifestaciones dirigidas contra el instructor de Tsunami Democràtic "son contrarias al principio de lealtad institucional, al deber general de respeto a la independencia judicial inherente a un Estado de derecho consolidado e integrante de la Unión Europea, uno de cuyos valores esenciales es la separación de poderes, imprescindible para hacer realidad el valor Justicia", a la que pueden acudir los ciudadanos para la defensa de sus derechos.

La Comisión Permanente estimaba que las manifestaciones en las que la ministra Ribera destacaba la proximidad entre las negociaciones políticas y los autos del juez "merman la confianza de nuestros conciudadanos en la Justicia y contribuyen al deterioro institucional", por lo que "merecen un rotundo rechazo, máxime si interfieren en una investigación en curso de los hechos".

A los 119 nuevos jueces, Guilarte les ha insistido en que la independencia judicial "no significa un ciego automatismo en el actuar la justicia sin que medie cualquier influjo ajeno a la estricta aplicación del principio de legalidad”, sino “básicamente, el aislamiento respecto a la influencia de otros poderes del Estado”.