En el Supremo
La jueza concede la dirección de la acusación en Tsunami a una asociación de víctimas del terrorismo
En la Audiencia Nacional siguen actuando de forma individual las cuatro acusaciones populares y los policías heridos
El Supremo abre causa penal a Puigdemont y a Wagensberg por delito de terrorismo en el caso Tsunami Democràtic
Ángeles Vázquez
Periodista
Periodista especializada en tribunales. Vivo entre la Audiencia Nacional, el Supremo y el Constitucional. Descubrí '100 cosas que hacer en Madrid al menos una vez en la vida' y lo conté en un libro.
La jueza del Tribunal Supremo Susana Polo ha acordado que sea la asociación de víctimas del terrorismo Dignidad y Justicia la que dirija la acusación popular en el caso Tsunami Democràtic, al haber sido la primera que se personó en esta condición en el alto tribunal, según un auto al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. La asociación presidida por el diputado del PP en la Asamblea de Madrid Daniel Portero también fue la que instó al juez Manuel García Castellón a elevar una exposición razonada para que el Supremo pudiera imputar al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.
La magistrada citó el pasado martes a los representantes de todas las acusaciones populares personadas en el procedimiento: Diginidad y Justicia, Vox, Societat Civil Catalana y un abogado colegiado en Málaga. Su intención era escucharlas y que se pusieran de acuerdo sobre quién debía asumier la dirección letrada de todas ellas para agilizar el procedimiento, al reducir el número de partes que tienen que informar antes de cada decisión judicial.
Ante la falta de acuerdo entre las cuatro, la magistrada ha optado por Dignidad y Justicia, al ser la primera que se personó, ya que lo hizo el pasado 6 de febrero, 23 días antes de que el alto tribunal abriera la causa por terrorismo para investigar a Puigdemont y al otro aforado que hay en el procedimiento, el diputado de ERC en el Parlament Ruben Wagensberg.
También ejercerán la acusación, pero en su caso particular, los policías que resultaron heridos el 18 de octubre de 2019 en los disturbios que se produjeron en Via Laietana y la plaza de Urquinaona, en Barcelona, en protesta por la sentencia del 'procés'. Dos de ellos están representados por el bufete Fuster-Fabra.
La decisión de la jueza Susana Polo todavía no se ha reproducido en la Audiencia Nacional, donde una imputada, Marta Molina, ha solicitado, de momento sin éxito, que todas las acusaciones se acumulen bajo una misma dirección letrada para agilizar la instrucción de la causa en la que se investigan delitos de terrorismo.
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