Batalla judicial
La abogacía defiende la libertad profesional de la experta en género denunciada por Junts
Junts denunció a la abogada, junto a un psicólogo y una trabajadora social que fueron designados para analizar la denuncia por acoso que planteó la exdiputada de Junts Cristina Casol
Noticias de Junts per Catalunya
EFE
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El Col·legi de Advocats de Barcelona defenderá la "libertad en el ejercicio profesional" de la letrada que Junts ha denunciado por injurias por apuntar al "machismo cultural" del partido en un informe encargado por el Parlament, por lo que hará seguimiento de su caso. En una resolución, a la que ha tenido acceso EFE, el Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) ha resuelto así la petición de amparo que presentó la abogada, que junto a un psicólogo y una trabajadora social fueron designados por una empresa externa al Parlament para analizar la denuncia por acoso que planteó la exdiputada de Junts Cristina Casol.
En su informe, los técnicos concluían que, pese a que no había suficientes pruebas para determinar que Casol fuera víctima de discriminación por razón de género, la formación adolece de una base "fuertemente patriarcal" y de "un ambiente de trabajo donde el machismo más cultural está arraigado". A raíz de ese informe, Junts se querelló por un delito de injurias contra los tres técnicos, que están siendo investigados por un juzgado de instrucción número 29 de Barcelona. La querella de Junts acusa a los tres técnicos de "negligencia profesional", de "extralimitación de funciones" y de "intencionalidad política" con el fin de "perjudicar" al partido.
Amparo del Col·legi
La letrada querellada solicitó al Colegio de la Abogacía de Barcelona, del que es miembro, que le diera su amparo, una figura que permite a las corporaciones salir en defensa de sus profesionales ante posibles injerencias o limitaciones a su labor. El ICAB es una corporación profesional a la que deben pertenecer los profesionales que ostenten el título de abogado para poder ejercer la abogacía en toda España.
En su resolución, la junta de gobierno del Colegio de la Abogacía acuerda garantizar la "libertad en el ejercicio profesional, la protección del derecho a la defensa y la preservación del secreto profesional" de la letrada, en los términos previstos en la normativa colegial. Para velar por esos derechos, la junta acuerda hacer "seguimiento" del caso, a través de la comisión de relaciones con la administración de justicia del Colegio de la Abogacía de Barcelona.
Apoyos políticos
En su declaración ante el juez instructor, los tres expertos en igualdad fueron arropados por la 'consellera' de Feminismos, Tània Verge, así como dirigentes de ERC, Comuns y la CUP, además de la propia Cristina Casol. Junts, por su parte, mantiene que el informe que emitieron los querellados es "sesgado" y contiene unas conclusiones "gravemente ofensivas, sin fundamento ni motivación", por lo que supone una "vulneración de derechos".
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