Las expertas denunciadas por Junts defienden ante el juez su informe sobre el caso Casol

Las expertas que investigaron si hubo acoso por razón de género en el grupo de Junts en el Parlament han defendido este viernes ante el juez el contenido de su informe y su profesionalidad a la hora de elaborarlo. Según fuentes jurídicas, han explicado al magistrado del juzgado de instrucción número 29 de Barcelona que hicieron su trabajo con "cuidado", "ajustado en todo momento al protocolo" del Parlament sobre violencia machista y vigilando que se respetara "la confidencialidad" de los implicados. También han negado cualquier "intencionalidad injuriosa". Las tres investigadas se enfrentan a una querella de Junts por injurias.

El caso se remonta al mes de noviembre del año pasado cuando la diputada de Junts Cristina Casol denunció a su propio grupo por acoso. Entonces el Parlament activó los protocolos que tiene para este tipo de situaciones. Este protocolo establece que es una empresa externa, la entidad Institut de Treball Social i Serveis Socials (Intress), quien elabora un informe sobre el caso. Meses después, el informe concluyó que no había "hechos probados" para determinar que Casol hubiera sufrido acoso, pero constató que sí había habido varias situaciones de tensión interna en el partido y con una base "fuertemente patriarcal". También describió "un ambiente de trabajo donde el machismo más cultural está arraigado". El informe llevó a Junts a presentar una querella por injurias contra las tres expertas que lo elaboraron.

Las tres expertas -una abogada, una trabajadora social y un psicólogo- han declarado este viernes ante el juez y han defendido que están formadas explícitamente en esta materia -cuestiones de igualdad, discriminación y violencia machista- y que solo se limitaron a hacer su trabajo. Es decir, que las conclusiones a las que llegaron son "científicas" y pasaron por todos los controles de calidad de la entidad a la que pertenecen. Su defensa es que, simplemente, respondieron al encargo del Parlament con la profesionalidad de otros encargos. En cambio, en la sala, Junts ha defendido la tesis contraria. Fuentes jurídicas aseguran que el partido de Carles Puigdemont ha denunciado que el informe busca "la criminalización sin fundamento" del partido.

Aviso a navegantes

Las tres investigadas han respondido a las preguntas del juez y a las de sus abogados, pero se han negado a responder a las de la abogada de Junts. Eduardo Cáliz, abogado de la defensa, ha criticado en declaraciones a los medios de comunicación que la querella no tiene "fundamento jurídico" y que Junts se está comportando como un "matón de patio de colegio". Es definitiva, que ha presentado la querella como aviso a navegantes de cara el futuro. Otra abogada de la defensa Sònia Ricondo, ha explicado que estas querellas son habituales por la parte "agresora" para "coartar e intimidar a futuras víctimas" de que no denuncien sus casos.

Este proceso judicial, según explican fuentes conocedoras, ha frenado temporalmente un segundo informe que también estaba realizando la misma entidad, Intress, y, de nuevo, por encargo del Parlament. Es el informe sobre la diputada Aurora Madaula que, como Casol, también denunció a su grupo por el mismo motivo.

El conflicto político

El caso ha derivado en un cruce de reproches entre el Govern y Junts. La declaración de las expertas ha motivado una concentración de apoyo ante las puertas de la Ciutat de la Justícia. Desde allí, la consellera de Igualdad y Feminismo, Tània Verge, ha exigido a Junts la retirada inmediata de la querella y unas "disculpas públicas" para las denunciadas. Según ella, el único objetivo de la querella es "coartar, amenazar e intimidar" a las profesionales y a futuras víctimas. También ha considerado "infame" que la Fiscalía la haya admitido a trámite.

Las declaraciones de las tres investigadas se han producido en plena precampaña de las elecciones catalanas del 12 de mayo. Fuentes de Junts consultadas por EL PERIÓDICO han criticado las palabras de la consellera porque suponen el "uso electoralista de unas acusaciones gratuitas contra todo un partido político". Las mismas fuentes defienden que no es un caso sobre "el derecho de las mujeres" sino sobre "el grave daño reputacional causado por unas afirmaciones que se han demostrado sin fundamento". "Lamentamos que el Govern y la consellera participen de este planteamiento por intereses puramente electorales", han concluido.

El apoyo de Casol

Entre el medio centenar de personas que se ha concentrado en la Ciutat de la Justícia estaba Casol, la ya exdiputada de Junts. Allí ha criticado a su expartido por la querella y se ha mostrado "desconcertada, disgustada, enfadada y enrabiada" por la situación. Con la voz quebrada, ha explicado que se siente "culpable" porque las expertas hayan acabado ante el juez. También los Comuns y la CUP han expresado su apoyo a las investigadas. Susana Segovia ha considerado que Junts "ha cruzado una línea roja" y Laura Vega ha calificado la querella de "intolerable".