Por injurias

Junts lleva a los tribunales a las expertas que analizaron la denuncia de Casol por acoso en el Parlament

Una abogada y dos psicólogas están citadas a declarar el 12 de abril acusadas de injurias por determinar que hay "machismo" dentro del partido

Expertas revisan el protocolo contra el acoso del Parlament: "Es especialmente endogámico"

El Parlament busca dar cobertura legal a las sanciones del protocolo contra el acoso

La exdiputada de Junts Cristina Casol.

La exdiputada de Junts Cristina Casol. / Nico Tomás / ACN

Sara González

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Junts per Catalunya ha presentado una querella por injurias contra las tres expertas de la comisión de investigación que se hicieron cargo de analizar la denuncia por acoso presentada en el Parlament por la exdiputada del grupo Cristina Casol. Se trata de una abogada y dos psicólogas que están citadas a declarar el próximo 12 de abril en la Ciutat de la Justícia y que lamentan que el partido las lleve a los tribunales por "emitir su criterio profesional como expertas en género y violencias machistas" ante la denuncia de la exdirigente de Junts siguiendo el protocolo contra el acoso vigente en la institución.

El dictamen emitido por las tres expertas concluía que no había "hechos probados" para determinar que Casol hubiera sufrido discriminación por razón de género como ella denunció dentro de su grupo parlamentario. Sin embargo, el informe constataba varias situaciones de tensión interna en el partido y con una base "fuertemente patriarcal" y describía "un ambiente de trabajo donde el machismo más cultural está arraigado". Tras esta resolución, Casol fue expulsada tanto del partido como del grupo parlamentario, pero no renunció al escaño y acabó la legislatura sentada en el Grupo Mixto.

Una "represalia"

Las tres trabajadoras son profesionales externas al Parlament y entienden como una "represalia" la denuncia recibida. En un comunicado, lamentan que se "amenace" el camino recorrido en el reconocimiento de las violencias machistas en las instituciones, que se "judicialice" su trabajo para combatirlas y que la querella pueda "condicionar el ejercicio profesional por miedo a posibles represalias" y tener efecto disuasorio tanto en las denuncias como en las expertas que se hagan cargo de los casos. "Iremos a declarar en defensa de nuestros derechos laborales, pero también de todas las trabajadoras y, por supuesto, de las víctimas de violencias y de todos los colectivos vulnerables", aseguran las afectadas.

La cooperativa Arrels Advocades, despacho del que forma parte una de las denunciadas, la abogada Laura Rodríguez, ha salido en apoyo de la jurista y exigido "respeto" por la labor de las expertas contra las que se ha querellado Junts, además de pedir amparo al Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB). La propia Casol ha lamentado también a través de la red X la "violencia de segundo orden" que considera que ejerce su expartido por "perseguir" a personas que apoyan a las afectadas por violencia machista.

Una revisión del protocolo en el aire

También se produjo una segunda denuncia en el Parlament por acoso por razón de género cuya conclusión no se ha hecho pública: la de Aurora Madaula, hasta ahora secretaria segunda de la mesa, que dijo públicamente desde el atril en el pleno de mujeres del pasado mes de noviembre que había sufrido "acoso parlamentario" y de "abuso de poder" y señaló directamente a sus "compañeros de partido". Una acusación pública que le valió, además de la invitación de dimisión por parte de la presidenta del Parlament, Anna Erra, la reprimenda de la mayoría de diputados del grupo, que atribuyen las dos denuncias a discrepancias internas. Tanto Casol como Madaula forman parte del círculo de confianza de la presidenta de Junts, Laura Borràs.

A raíz de las dos denuncias, Erra solicitó a los letrados un informe para estudiar una posible revisión del protocolo y, entre otros aspectos, buscar cobertura legal para las posibles sanciones. La mayoría de grupos descartó, sin embargo, suspender el procedimiento, como llegó a proponer la presidenta del Parlament. Con el final abrupto de la legislatura, esa revisión del protocolo ha quedado en el aire.

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