El fiscal general vuelve a negarse a que el Consejo Fiscal informe al Senado sobre la amnistía

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha vuelto a negarse a que el Consejo Fiscal informe al Senado en relación con la proposición de ley de amnistía, en una carta en la que se reitera en los argumentos con los que ya se opuso a un primer requerimiento al renovar en el cargo; básicamente consisten en que el órgano que le asesora no puede pronunciarse sobre una proposición de ley que aún no está en vigor.

En su carta, más escueta que la primera, García Ortiz afirma que el pasado 27 de marzo se recibió en la Fiscalía General una nueva petición de informe sobre la amnistía que le dirigió la Mesa del Senado, "a instancias del Grupo Parlamentario Popular". Asegura que el requerimiento "adolecía de fundamentación alguna, pese a los argumentos esgrimidos" en la misiva que remitió a la Cámara alta el pasado 25 de enero en la que se negaba a realizar el trámite solicitado.

"Pues bien en el ejercicio de la jefatura superior del ministerio fiscal y su representación en todo el territorio nacional", el fiscal general señala que debe "reiterar la inviabilidad de que el Consejo Fiscal, órgano de asistencia y asesoramiento del fiscal general del Estado, emita informe en relación con la referida proposición de ley orgánica", pues, "como bien sabe, el citado órgano (...) carece de competencia para informar proposiciones de ley que se hallen en tramitación en sede parlamentaria".

La negativa de García Ortiz a llevar al asunto al Consejo Fiscal para que fuera este órgano el que decidiera el paso más conveniente le suscitó fuertes críticas de la carrera fiscal y, en especial, de la Asociación de Fiscales, de sensibilidad conservadora.

El Senado también requirió informe al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que en su último pleno aprobó uno contrario a la proposición de ley por mayoría. Los vocales nombrados en su día a propuesta del PSOE emitieron un voto particular en el que no se pronunciaban sobre la constitucionalidad de la norma que se debate estos días en la Cámara alta, pero denunciaban ciertos aspectos técnicos que debían mejorarse en la futura ley.