García Ortiz estrena su renovación como fiscal general negando al Senado el informe sobre la amnistía

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha estrenado su renovación al frente del ministerio público remitiendo al Senado una carta en la que justifica su negativa a que el Consejo Fiscal informe a la Cámara alta sobre el contenido de la proposición de ley de amnistía. Entre las razones que esgrime figura precisamente que aún no se trata de una ley en vigor por cuya aplicación deberá velar la Fiscalía en los tribunales de justicia de toda España.

En su carta, recibida cuando aún estaba en funciones y reiterada por el presidente del Senado este martes, García Ortiz argumenta que "un informe sobre la proposición" emitida por el fiscal general, "quien ostenta la representación del ministerio fiscal en todo el territorio español (...), supondría alterar el normal funcionamiento de nuestra institución, invadir espacios y competencias propias de la estructura organizativa de la Fiscalía española en su toma de decisiones".

En este sentido, explica que "la conformación" del criterio judicial fiscal, "que habrá de mantenerse ante los tribunales, exige el máximo rigor en la interpretación y aplicación de la normativa aplicable, por lo que "lejos de no valorar" la solicitud del presidente del Senado le informa de que no puede extralimitar sus funciones legales, sobre la que está "el efectivo cumplimiento de las circulares e instrucciones de la Fiscalía General del Estado".

García Ortiz justifica su decisión, que fue criticada por los vocales de la asociación mayoritaria de fiscales, en que hay un "obstáculo legal" para emitir el informe solicitado, porque el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal "únicamente prevé la intervención del Consejo Fiscal para informar de proyectos de ley o normas reglamentarias que afecten a la estructura, organización y funciones del Ministerio Público", no de proposiciones de ley en trámite parlamentario.

Tras recordar las sentencias del Constitucional que avalan su criterio, el fiscal general ofreció la colaboración "constante y permanente" del ministerio público con las Cortes, no solo por la "obligación legal" que tiene de ello, sino también por "un convencimientos personal de que solo desde la leal cooperación entre las instituciones y los poderes públicos pueden garantizarse los derechos y libertades de la ciudadanía".