El Gobierno llevará al Constitucional las leyes autonómicas anti memoria histórica de Vox y el PP

Un monolito dedicado a un soldado de la Legión Cóndor, la escuadra aérea que envió Hitler a atacar a la República en la Guerra Civil, está entre los monumentos que Vox se plantea proteger legalmente en la Comunidad Valenciana de cualquier efecto de la Ley estatal de Memoria Democrática. El monumento al “soldado alemán” levantado por el franquismo en Betxí (Castellón) lleva camino de convertirse en uno de los hitos en torno a los cuales gira la batalla política izquierda/derecha recrudecida este lunes con el anuncio por parte del Gobierno de recurrir al Constitucional las derogaciones de las leyes de Memoria en Castilla y León, Aragón y Valencia.

Gobierno y PSOE han salido en tromba a la vuelta de la Semana Santa a reaccionar contra la presentación de sendos proyectos de “Ley de Concordia” en la Comunidad Valenciana y Castilla y León, que llevan el mismo camino de rebeldía contra la ley estatal y de derogación de la autonómica evidenciada en la ya aprobada en Aragón.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha confirmado este lunes que el Ejecutivo llevará al Tribunal Constitucional la ley con la que el gobierno autonómico aragonés deroga de facto las políticas españolas de Memoria y "hace apología del franquismo", si la Diputación de Aragón no la modifica antes. Al Constitucional irán también las leyes valenciana y castellano-leonesa “si no decaen antes”.

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Torres ha anunciado que se sentará a dialogar con las autoridades autonómicas aragonesas, y la primera respuesta se la ha dado desde Zaragoza el vicepresidente aragonés y dirigente de Vox Alejandro Nolasco: “Podemos hablar de lo que quiera desde la cordialidad más absoluta, pero que tenga la convicción de que no vamos a rebajar o dar un paso atrás ni quitar un ápice de lo que hemos hecho”, ha dicho también en rueda de prensa, en la que ha tildado a la ley estatal (la 20/2022 de Memoria Democrática) de “sectaria y liberticida”.

Guerra cultural

Vox es el principal impulsor de este embate contra las sucesivas políticas de memoria histórica impulsadas por los socialistas. Lo es también incluso de una ley, como la castellano-leonesa, que aprobó el presidente del PP Juan Vicente Herrera y aplicó el actual presidente poipular, Alfonso Fernández Mañueco, siendo alcalde de Salamanca a plena satisfacción de las entidades memorialistas locales.

Vox empuja al PP a esta revisión de momento en las tres comunidades en las que tiene un sillón de gobierno, sin que se descarte otro capítulo más en Extremadura.

En el caso de la Comunidad Valenciana, la presentación del proyecto de Ley de Concordia ya ha provocado la reacción de una plataforma cívica de memorialistas, profesores de historia y familiares de fusilados, que el pasado jueves Santo llevó a sus representantes al paredón de Paterna, lugar de fusilamiento de más de 2.000 republicanos a manos del franquismo, para escenificar su protesta.

En esa comunidad, lo que Vox llama “guerra cultural” viene calentándose desde antes de la formación del gobierno PP-Vox. El 24 de octubre de 2022, la formación de ultraderecha presentó en las Cortes Valencianas una moción instando a proteger un listado de 26 monumentos franquistas. Entre ellos, el mencionado monolito al combatiente nazi, pero también las cruces de los caídos en Ademuz, Gavarda, Torrent, Rafelbunyol y otras localidades, una placa dedicada a los caídos “por Dios y por España” en Vallibona, otra con la inscripción “por Dios y por la Patria” en Guardamar o, entre otras, la “vidriera con escudo águila de San Juan en Banco de España en Alicante”, dice literalmente la lista.

Esa moción no forma parte textual del proyecto de ley autonómica presentado en Semana Santa, pero está en la inspiración de una de las condiciones sine qua non de Vox en sus acuerdos de Gobierno, y "se desprenderá como consecuencia de una legitimación del franquismo como la que pretenden", comenta Matías Alonso, coordinador del Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica de la Comunidad Valenciana.

Franquismo

La misma indignada oposición que en Aragón une al PSOE, la Chunta Aragonesista, Podemos y Teruel Existe desde el pasado 1 de febrero, cuando fue derogada la ley autonómica de Memoria, empieza a tejerse en Valladolid y Valencia, según fuentes del movimiento memorialista.

En Valencia, Matías Alonso, cree que en el proyecto de Ley de Concordia, que pasa de 66 artículos de la actual ley autonómica de Memoria a solo cinco, “es más importante lo que se desregula que lo que se regula, dejando un amplio campo a la discrecionalidad o arbitrariedad del funcionario”.

Para Alonso, “es un intento de darle la vuelta a la historiografía moderna sobre España, una declaración de guerra, un ataque frontal para blanquear la dictadura como si fuera un régimen homologable, tan normal como la República o la democracia posterior".

En Valladolid, este mismo lunes en que se anunciaba la reacción socialista a la campaña de la derecha, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, pionera en el rescate de cuerpos en fosas comunes, 85 de ellas en Castilla y León, anunciaba los inicios de un trabajo para exhumar los restos del republicano Pedro de la Calle, pastor asesinado por una partida fascista el 25 de agosto de 1936. Su cuerpo apareció colgado de un pino en la localidad de Mojados. En el acta de defunción se hizo constar como causa de la muerte "congestión y asfixia".

Dimensión internacional

El Gobierno central ve no solo una dimensión nacional de esta batalla. El ministro Torres ha destacado cómo los proyectos de Vox y PP chocan con el espíritu de las recomendaciones de la ONU y legislaciones internacionales por cuanto olvida, por ejemplo, a los expatriados que acabaron en campos de concentración nazis y elude la obligación de las administraciones de procurar verdad, reparación y garantía de no repetición a las víctimas de desapariciones forzadas.

En opinión de Torres, en Aragón la ley aprobada ataca al "derecho internacional" y "retira cualquier homenaje a los hombres y mujeres de Aragón, que perdieron la vida en los campos de concentración nazis o lugares de memoria", según ha declarado a TVE.

Tras la rueda de prensa del ministro, ha centrado en este asunto otra de la portavoz del PSOE, Esther Peña, tratando de no dejar solo en Vox la responsabilidad de este embate revisionista y arrojarle al PP su cuota de culpa. Para la portavoz socialista “el PP y el señor Feijóo están llegando muy lejos en los pagos a la ultraderecha”.

Esther Peña ha denunciado una “estrategia concertada” para “tirar por tierra todo el consenso alcanzado en los últimos 40 años, todo lo avanzado juntos”. Además, ha lamentado “el negacionismo y el revisionismo que blanquea la dictadura, niega la existencia de un golpe de Estado como inicio de la Guerra Civil e impide que se conozca la verdad de lo sucedido”.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha opinado también ante los medios. "Estas leyes de la concordia son de todo menos de concordia. Son una voluntad de blanquear la dictadura franquista y de confrontar con los valores constitucionales que nos unen a todos".