Marlaska insiste en que Interior compró mascarillas a la trama Koldo con "legalidad absoluta"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha salido al paso de nuevo este lunes, ahora en el Senado, de las acusaciones que sobrevuelan a su departamento en relación con la trama Koldo. "Todas las contrataciones son absolutamente legales", ha dicho sobre la compra de mascarillas a una de las empresas utilizadas por el ex asesor de Transportes en su menudeo de comisiones.

Marlaska ha contestado así a preguntas directas del senador del PP Luis Javier Santamaría, que le ha inquirido, entre otros detalles: "¿Por qué contrató con la trama Koldo? ¿Por qué pagó más caras las mascarillas que otros departamentos contratantes de la trama? ¿Por qué envió como delegado de Interior a Venezuela al comandante en nómina de la trama?"

Marlaska ha insistido en que las compras de mascarillas por Interior a la red de Koldo "fueron conforme a una declaración de emergencia, para garantizar las mejores adquisiciones en ese momento, que había que adquirir los medios necesarios para que 180.000 funcionarios pudieran desarrollar su trabajo con la máxima seguridad".

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Según el titular de Interior, esos contratos se realizaron "siempre en parámetros de legalidad: es decir, declaración de emergencia, fiscalizados, intervenidos, por la intervención delegada de Hacienda y revisados por el Tribunal de Cuentas. Y no hubo ninguna incidencia en su ejecución".

Marlaska ha tildado de "absolutamente falso" que las mascarillas se pagaran más caras que otras, "y no fue la empresa a la que más se adquirió", ha reseñado, en compras llevadas a cabo siempre "bajo un procedimiento de legalidad absoluto".

En su defensa ante la contundencia del parlamentario popular, Grande-Marlaska le ha recordado casos de corrupción anteriores del PP: en la investigación sobre ese asunto "nadie ha visto ordenadores destrozados o policías actuando en un sentido distinto al que deben".

Planes

Mujeres bajo amenaza, inmigrantes irregulares, estafados online, víctimas del terrorismo, minorías étnicas, jóvenes perseguidos por pandillas... Todos estos colectivos que demandan el servicio de la seguridad pública son el objetivo del trabajo del Ministerio del Interior, según los planes de legislatura que ha ido desgranando este lunes el titular del departamento, Fernando Grande-Marlaska, ante la Comisión de Interior del Senado, órgano ante el que ha expresado su confianza, además, en que una reforma de la la ley de seguridad ciudadana, llamada también "ley mordaza", salga adelante en los términos en que quedó inconclusa en la legislatura anterior".

Marlaska ha avanzado previsiones para esta legislatura agrupándolas en un pronunciamiento contra la violencia machista, con el que ha iniciado su comparecencia, y en cinco grandes planes de seguridad que van a ser reformados, algunos de ellos con vigencia renovada para los próximos cinco años: la Estrategia Nacional de Lucha Contra la Criminalidad Organizada y la Delincuencia Grave; un plan de nuevo cuño, de lucha contra el cultivo y el tráfico de marihuana; una renovada Estrategia Nacional contra el Terrorismo, que ha de regir hasta 2030; el Plan Estratégico de Prevención de la Violencia Sexual, con la creación de una oficina nacional de seguimiento, y el Plan Estratégico Nacional contra la Trata de Seres Humanos.

Y ha sido en este último aspecto uno de sus componentes, el de la inmigración irregular y sus delitos aledaños, en el que más se ha detenido el ministro del Interior. "No podemos tolear, y yo no lo haré, correlacionar inmigración y delincuencia", ha advertido. Los datos oficiales demuestran que "esas afirmaciones son totalmente falsas", ha remarcado.

Inmigración

"Nuestras costas suponen una puerta de entrada no solo a España, sino a la Unión Europea", ha recordado Marlaska en su intervención, antes de reseñar cifras que ya ha sacado en otras comparecencias parlamentarias. Así ha presentado la crisis migratoria en una dimensión continental. El año pasado 154.000 migrantes irregulares llegaron a Italia; "a España fueron 55.000 con un aumento del 82%, y Grecia y Chipre tuvieron un incremento del 266% y del 396% respectivamente".

Ante esta situación ha enarbolado el titular de Interior la creación de la Comisión Interministerial de Inmigración, con la presencia de siete ministerios, pero también la "mejora de equipos de atención en la isla de El Hierro" y su voluntad de "intensificar las gestiones de España en Mauritania con el objetivo de reducir al máximo la salida de embarcaciones de sus costas". Mauritania es clave para Marlaska. "Más del 80% de los migrantes en situación irregular que ha llegado a Canarias procedía de este país africano", ha recordado.

Grande-Marlaska pone sus esperanzas en el Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea, al que ha tildado de "extraordinaria noticia" por ser "la base de uns sitema común de la migración y el asilo basado en la responsabilidad compartida y la solidaridad de los países europeos" que será "implementado con un escrupuloso respeto de los derechos humanos".

El ministro ha querido atajar, antes de que se produjera, el permanente reproche que PP y Vox le hacen sobre un supuesto efecto llamada de las políticas de este Gobierno. "Muchos acostumbran a simplificar un desafío complejo", ha aseverado.

Violencia machista

Fernando Grande-Marlaska ha arrancado su comparecencia en el Senado confirmando como delito de violencia machista el terrible caso de violencia vicaria de este lunes en Almería. El ministro, ha lamentado este "aberrante" fenómeno, contando ya 1.246 mujeres asesinadas desde que existen estadísticas en España.

Para Marlaska esta lacra "hunde sus raíces en el machismo y la dominación de la mujer, que niega la ultraderecha y demasiadas veces, por acción u omisión, también la derecha". El ministro ha valorado el Protocolo Cero, como "valioso instrumento para activar los procedimientos de protección de la mujer cuando es reticente a denunciar".

En torno a una de las nuevas medidas del sistema Viogen, ha anunciado el ministro que ya se ha notificado a 12.500 mujeres la existencia de antecedentes de violencia en sus parejas. "Hemos ahondado en esos términos", ha dicho Marlaska, ante el dato de el 80% de las mujeres incluids en el sistema Viogen son de casos judicialmente inactivos.

Tambien ha valorado "una nueva modalidad que denominamos "inactivación supervisada"", para casos de amenaza de alta complejidad con menores en situación de riesgo.

Hablando de menores amenazados pero también de otras personas en peligro, Marlaska ha recordado que su ministerio reforzará la "actuación ante las personas vulnerables, víctimas de trata, lucha contra los delitos de odio, personas desaparecidas, personas mayores, y la actuación pòlicial contra los grupos violentos juveniles" y que se han generado unidades especializadas en delitos de odio en cada grupo de Información de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Narcos

"Hay más droga incautada que nunca, más dinero incautado que nunca, más dinero intervenido que nunca", ha subrayado Marlaska al afrontar críticas por la emergencia narco en el Estrecho de Gibraltar. Y lo ha hecho recordando que, cuando llegó a ese ministerio, "hasta entonces no se había hecho absolutamente nada" y ahora van gastados "120 millones de euros para fortalecer recursos humanos, medios materiales y de inteligencia".

Como suele hacer en este debate, Marlaska ha sacado cifras. Entre 2012 y 2018 se perdieron en la comarca 1.649 efectivos de Guardia Civil y Policía Nacional. En diciembre de 2023 "se alcanzó el máximo histórico en esta zona con 3.690 agentes más que antes de la ejecución del plan especial", ha remarcado.

Ha enmarcado el ministro este dato entre otros sobre su gestión en hasta ahora. "Se han recuperado más de 14.000 plazas netas en ambos cuerpos policiales -ha reclamado- y se ha llegado hasta 25.000 efectivos en instituciones penitenciarias, una cifra que no teníamos desde hace diez años".

De ese incremento de policías y guardias contratados por Interior (un departamento de 180.000 con 180.000 empleados), el 49% de los nuevos efectivos ha sido destinado a la prevención y lucha contra la violencia machista.

Un 4,6% de esos efectivos refuerzan la lucha contra el terrorismo, un 11,5 están en seguridad ciudadana y hay un 13,7 más de agentes en lucha contra la inmigración irregular.  

Para Marlaska es reseñable un dato del CIS según el cual "solo el 2,3% de los españoles considera la inseguridad ciudadana como principal problema de nuestro país, por mucho que se empeñe la extrema derecha en dibujar un panorama catastrofista, a veces apocalíptico".

Vía Laietana

En esta sesión de la Comisión de Interior ha insistido Esquerra en su reivindicación de resignificar la sede de la Policía Nacional en la Via Laietana de Barcelona para convertirla en un centro memorial sobre las torturas del franquismo. "Soy barcelonés -ha dicho el senador republicano Joan Josep Queralt-, y pasar ante ese edificio, ante esa fachada, nos trae recuerdos terribles".

El ministro Marlaska le ha contestado lo que otras veces ha dicho ante esta misma petición: "Nuestra Policía Nacional lleva mucho tiempo resignificando ese edificio, dando lo mejor de ellos y guardando nuestros derechos fundamentales".

Negativa de plano. Marlaska considera que una nueva generación de policías, nacidos y formados en democracia, contribuyen a "resignificar edificios donde pudieron ocurrir cosas atroces en otra época".

El compareciente ha aprovechado para anunciar que se propone que en esta legislatura Guardia Civil y Policía Nacional queden integradas en el sistema de emergencias 112 de Catalunya, como también en la misma red de alerta que funciona en Navarra.

Concesiones

Ha hablado Marlaska en el Senado después de un fin de semana en el que policías y guardias civiles se han manifestado ante el Congreso para exigir unas condiciones de prejubilación equiparables a las de las policías autonómicas y municipales (59 años, por ser profesión de riesgo), y en el que han protagonizado los funcionarios de prisiones airadas protestas tras el asesinato de Nuria, cocinera de la cárcel de Mas d'Enric, a manos de un preso.

El ministro ha hecho dos anuncios a esos colectivos de descontentos, y contra las razones que provocan sus reproches: "Ahora nos toca centrarnos en las jubilaciones de los agentes y adecuarlas a sus pretensones en los términos que nos sean posibles", ha prometido el titular de Interior..

También ha asegurado que su departamento cumplirá con una vieja exigencia de los funcionarios de prisiones, para "constituirlos como agentes de autoridad", medida que podría contribuir a la disuasión de los ataques de internos