La exdirectora del CNI se escudó en el secreto oficial para no responder sobre el espionaje a Aragonés

La exdirectora del CNI, Paz Esteban, se escudó ante el juez de Barcelona que investiga el presunto espionaje a través de Pegasus al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, en que la materia por la que debía declarar eran "secretos oficiales". De esta manera, según las fuentes consultadas por EL PERIÓDICO, no respondió a ninguna de las preguntas que tenía preparada el magistrado, la fiscalía y la acusación, ejercida en nombre del mandatario por el abogado Andreu Van den Eynde. Esta justificación la esgrimió la exjefa de los servicios de inteligencia españoles nada más empezar el interrogatorio y ante pregunta del juez instructor de la causa, Santiago García García. Por lo tanto, su comparecencia no despejó ninguno de los interrogantes que planean sobre el caso. Asimismo, el juez ha recibido los tres autos que autorizaban la intervención del teléfono del 'president' con muchos de los datos tachados.

El interrogatorio en sí duro pocos minutos. En el resto de la hora en que Esteban compareció mediante videoconferencia desde Madrid se trataron otras cuestiones procesales y en detallar cómo se reflejaban en el acta de la declaración la negativa de Esteban a responder a las preguntas, pues, en realidad, no se estaba cogiendo a su derecho a no declarar como imputada, sino que debía quedar reflejado otro concepto diferente. Las mismas fuentes aseguraron que la comparecencia estuvo marcada por la tensión, sobre todo por el encontronazo de la Abogacía del Estado (había cuatro letrados, dos en Barcelona y dos en Madrid, de este cuerpo jurídico) y el abogado de Aragonés, Van den Eynde, que ejerce la acusación particular en este procedimiento, que se inició a raíz de una querella del presidente de la Generalitat.

Tensión por la filtración

Este ambiente de tensión se disparó, siempre según las mismas fuentes, por la filtración en la noche anterior al interrogatorio de la justificación del uso de Pegasus en el teléfono móvil de Aragonés que en su día plasmó en un auto el juez del Tribunal Supremo, Pablo Lucas, que es el encargado de supervisar y autorizar las acciones del CNI que puedan conculcar derechos fundamentales. Uno de los argumentos detallados en el auto que avaló la intervención del teléfono era que Aragonès dirigía las acciones de los Comités de Defensa de la República (CDR) y que lo hacía desde la "clandestinidad", pese a que ya era la segunda autoridad del Govern. Fuentes del Ejecutivo catalán consideraron que las justificaciones del CNI para intervenir el teléfono están "fuera de toda realidad". Según las fuentes consultadas, la Abogacía del Estado llegó a amenazar con presentar una querella al letrado de Aragonès, Van den Eynde, si se filtraba algún dato sobre el interrogatorio o sobre este procedimiento judicial.