El juez del espionaje a Aragonès recibe la documentación sobre Pegasus un día antes de que declare la exjefa del CNI

El juez de Barcelona Santiago García García, que investiga el espionaje al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, a través de Pegasus, ha recibido este jueves las tres resoluciones del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Lucas que han sido desclasificadas por el Gobierno de Pedro Sánchez, según las fuentes consultadas por EL PERIÓDICO. La llegada de estos documentos se produce 24 horas antes de que declare como imputada ante el togado la exdirectora del CNI, Paz Esteban. Hasta este miércoles, el Ejecutivo central solo había remitido el acuerdo del Consejo de Ministros sobre la revocación de la reserva sobre estos autos judiciales.

Según las fuentes consultadas por este diario, son tres las resoluciones desclasificadas: un primer auto fechado en julio de 2019 que autorizaba la instalación de Pegasus en el teléfono móvil de Aragonès, y otros dos que prorrogaban esta medida. Uno de octubre de 2019 y otro de enero de 2020. Es decir, una prórroga cada tres meses. Tras la segunda prórroga, teóricamente se debería haber cesado el espionaje. Esa época coincidía con el inicio de la mesa de diálogo y las negociaciones con el PSOE, ya con Sánchez al frente del Gobierno tras la moción de censura a Mariano Rajoy.

El Consejo de Ministros solo autorizó la desclasificación de esos papeles, pero no otros, también requeridos por el juez, sobre la compra y posible uso de Pegasus y sobre las "personas concretas" que actuaron en nombre del organismo en los procesos de encargo. El Gobierno ha justificado su rechazo a que se ponía en riesgo a los agentes y que no se podían consultar porque afectaban a la seguridad nacional. No se descarta que el togado vuelva a pedir que se levante la reserva oficial de esa documentación.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha admitido este jueves durante una comparecencia en el Congreso que su Ejecutivo ha enviado al juez la documentación "absolutamente esencial" y "sin ningún tipo de tacañería" para que la exdirectora del CNI pueda declarar y ser interrogada este viernes. Según Robles, en esta documentación "queda claro" que "todo lo que se hizo fue con autorización judicial" y, por lo tanto, "con respeto absoluto a la ley", ha zanjado respondiendo a preguntas de ERC.

El diputado Francesc-Marc Álvaro le ha reprochado que no desclasifique de manera completa los documentos: "Es una cuestión de calidad democrática" porque "es muy extraño que se utilicen mecanismos de espionaje contra adversarios políticos". "Tienen que facilitar la aclaración profunda" del espionaje, y "si no, entenderemos que lo entorpecen", ha dicho.

La querella

Aragonès se querelló contra Esteban, exdirectora del CNI, y la empresa israelí NSO, propietaria del sistema de ciberespionaje Pegasus, en junio de 2022, si bien el juzgado se inhibió inicialmente ante la Audiencia Nacional, a instancia de la fiscalía, al considerar a este tribunal el competente por ser el presidente catalán una alta autoridad del Estado. Esta decisión fue revocada en junio pasado por la Audiencia de Barcelona, por lo que finalmente el magistrado Santiago García asumió el caso.

En un auto de mediados de octubre, el magistrado acordó admitir a trámite la querella y requirió al CNI y a la Comisión Delegada de Asuntos de Inteligencia del Gobierno, con sede en la Moncloa, si el servicio de inteligencia a "cualquier otro organismo gubernamental español" ha adquirido o utilizado el programa, qué personas intervinieron en su adquisición y que le remitieran cualquier registro de eventos, incidencias o datos en relación con el número de teléfono de Aragonès. Asimismo, reclamó al Tribunal de Cuentas y a la Intervención General del Estado para que le enviaran certificación sobre si el CNI compró el programa a la empresa israelí NSO u otras compañías y sobre su coste.