Investigación
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Ernesto Ekaizer
Escritor y periodista.
El juez Santiago Pedraz, titular del juzgado central número 5 de la Audiencia Nacional, ha elevado la causa a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para fijar fecha de celebración del juicio oral contra el expresident de la Generalitat de Catalunya Jordi Pujol i Soley y sus siete hijos, además de Mercè Gironés, exmujer de Jordi Pujol Ferrusola, y diez empresarios.
En la providencia, dictada el pasado 15 de enero, a la que ha tenido acceso este periódico, el juez Pedraz señala: "Se da por finalizado dicho procedimiento y, en consecuencia, visto el estado de las actuaciones, elévense las actuaciones a la Sala de lo Penal de la Audiencia Penal para su enjuiciamiento".
Pedraz abrió juicio oral en esta causa en junio de 2021. Sin embargo, problemas técnicos con la parte documental residenciada en la llamada nube informática de la Audiencia Nacional, hicieron que la defensa planteara la necesidad de proceder a un expurgo de contenidos.
La defensa solicitó acceso a una copia efectuada desde los discos duros originales en los que se almacenaba todo el procedimiento. Cristóbal Martell, el letrado que coordina la defensa, consideró que esa copia era "la única solución realmente operativa para realizar el expurgo con todas las garantías", protegiendo así "tanto el derecho de defensa como el derecho fundamental a la intimidad" de la familia Pujol, que "ocho años después de las entradas y registros" en sus domicilios tiene derecho -recalcaba en su recurso de reforma- a "acceder íntegramente" al contenido de los dispositivos informáticos intervenidos por orden judicial. Finalmente, después de dos años largos, en diciembre pasado, según señala el juez en su providencia, la defensa comunicó la finalización de la tarea de expurgo.
Patrimonio "desmedido"
Las partes acusadoras son, tras la retirada de la acusación de Grand Tibidabo, la Fiscalía Anticorrupción, la abogacía del Estado (que no acusa al expresident Pujol) y la acusación popular de Podemos, personada en la causa, aunque está por ver si finalmente acudirá al juicio.
La acusación ha estimado "desmedido" el patrimonio de los miembros de la familia que habrían ocultado una "ingente cantidad de dinero en Anodorra", producto del favor a "algunos empresarios que resultaron adjudicatarios en distintos concursos públicos de la administración catalana".
Serán juzgados como autores de los delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsedad en documento mercantil, delitos contra la Hacienda Pública y frustración de la ejecución y serán citados 300 testigos, junto con varias pruebas periciales.
Jordi Pujol i Soley cumplirá 94 años el 9 de junio y, con toda probabilidad, será el acusado de mayor edad que se sienta en el banquillo en la historia de la Audiencia Nacional.
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