La exconsellera Vergés defiende ante el juez que la vacunación de policías se hizo con criterios sanitarios y de edad

La 'exconsellera' de Salut Alba Vergés compareció este viernes ante el juez de Barcelona que investiga el retraso en la vacunación contra el covid a los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Catalunya, para defender su gestión. Durante el interrogatorio la diputada de ERC y vicepresidenta del Parlament declaró que el calendario de vacunación contra el coronavirus priorizó la inmunización de los más "vulnerables" y de la franja de edad entre 55 y 65 años con Astra Zeneca, en base a criterios sanitarios marcados a nivel estatal por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el 22 de marzo de 2021 y por problemas de suministro de vacunas. En ese colectivo, subrayó, se encontraban también los policías y guardias civiles que tuvieran esa edad. Los agentes más jóvenes debían esperar su turno.

Pese a que Vergés es aforada y su enjuiciamiento correspondería al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), el juez instructor le ofreció declarar voluntariamente como imputada, al concluir que participó en la decisión "discriminatoria" de suspender el proceso de vacunación por el coronavirus a los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Cataluña por su "desprecio" hacia estos colectivos.

El juez implica a Vergés en las decisiones sobre el calendario de vacunación, a raíz de unos 'whatsapp' que aportó el exresponsable de Salud Pública durante la pandemia y exconseller de Salut Josep Maria Argimon en el que la consellera daba instrucciones para detener la vacunación a policías nacionales y guardias civiles: "La consellera me pide parar Guardia Civil y Policía Nacional, no podemos argumentarlo". Según el juez, este mensaje, del 24 de marzo de 2021, supone una prueba "inequívoca" que evidencia la "directa participación" de Vergés en la decisión de suspender ese día la vacunación "ya programada" para los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Catalunya, pero ella ha sostenido que la interpretación sobre estos mensajes está fuera de contexto, según las fuentes judiciales consultadas por este diario.

Vergés -que ha acudido al juzgado arropada por el actual conseller de Salut, Manel Balcells, la titular de Exteriors, Meritxell Serret, y por otros dirigentes y diputados de ERC- defiende que, precisamente, esos 'whatsapp' demuestran que las decisiones de vacunación se adoptaron "con criterios estrictamente sanitarios, proteger a todos empezando por los más vulnerables". Según ha asegurado la exconsellera antes de su declaración, "no hay base ni fundamento" para las "graves" acusaciones de que ha sido objeto por parte de los querellantes, las asociaciones y sindicatos policiales JUCIL, JUPOL, SPP y AEGC.

Según Vergés, la campaña de vacunación contra el coronavirus fue "un éxito colectivo de toda la sociedad" en el que hay que agradecer el trabajo de todo el personal sanitario "para proteger a toda la población, sin excepciones". En este sentido, precisó ante el juez que las decisiones se tomaban en base a los criterios a nivel estatal del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, a la vez que relató los problemas de suministro de vacunas y el retraso a la hora de obtener el censo de policías nacionales y de guardia civiles para organizar la inoculación de los agentes.

Según el juez, la Generalitat inició la vacunación de los agentes de los cuerpos de seguridad y emergencias el 12 de febrero de 2021 y que hasta el 24 de marzo se habían suministrado dosis al 77 % de agentes de los Mossos d'Esquadra, al 68 % de policías locales, al 69 % de los Bomberos de la Generalitat, al 77 % de la Guardia Urbana de Barcelona, al 66 % de los Bomberos de Barcelona y solo a un 3,6 % de policías nacionales y a un 2,8 % de guardias civiles.