Salut acata la orden de vacunar a guardias civiles, pero lo ve "ridículo"

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha requerido a la Conselleria de Salut a que garantice "de inmediato y sin dilaciones" la vacunación contra el coronavirus de los policías nacionales y guardias civiles que ejercen en esta comunidad y ofrece un plazo de 10 días para que se alcance la misma proporción que en los Mossos. El alto tribunal aprecia, al igual que la fiscalía, que existe una "apariencia de discriminación" respecto a los Mossos. La inmunización de los miembros de la policía catalana fue completada por la Generalitat en febrero pasado.

No obstante, el secretario de Salut Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, ha valorado como "ridículo" el criterio del TSJC. "Cumpliremos, pero para ello retrasaremos vacunación de gente de 70 años, ahí lo dejo", ha subrayado este martes en rueda de prensa. Argimon ha recordado que en estos momentos están inmunizando por franjas de edad, así que si ahora Salut se dedica "a vacunar a personal esencial, sea guardia civil, bombero, mosso o maestro, dejará de vacunar a los de más de 60 o 70 años, sean guardias civiles o no".

Visiblemente molesto, Argimon ha defendido que, a la hora de inmunizar, "no se discrimina por edad, género, creencia ni por nada". "Me da igual si es un mosso o un guardia civil, me importa un pepino la profesión que tienen", ha espetado. Y ha añadido: "El criterio judicial de llegar a la misma cobertura de los mossos... No lo calificaré... Es ridículo, no lo calificaré más". El epidemiólogo ha dicho que, si no se hubiera paralizado la vacunación con AstraZeneca de los menores de 60 años, "todos los profesionales estarían ya vacunados".

El Gobierno catalán ha precisado que la vacunación de la Guardia Civil y la Policía Nacional se inició más tarde que los Mossos porque no se pudo disponer de datos, a la vez que ha apuntado que fue el Estado quien paró la vacunación de la AstraZeneca.

Petición sindical

La resolución del TSJC se produce tras aceptar la petición de los sindicatos de guardia civil y policía nacional Jucil y Jupol para que se dictasen medidas cautelares que ordenen a la Conselleria de Salut proseguir con la vacunación de los agentes. Las dos agrupaciones profesionales presentaron una demanda en la que pedían medidas cautelarísimas porque consideran que se ha frenado el proceso de vacunación de los miembros de sus cuerpos, a diferencia de los Mossos y Bomberos, lo que a su parecer vulnera el derecho fundamental "a la igualdad y la no discriminación".

La resolución sostiene que resultan "elocuentes" los datos de que el 77% de los Mossos, así como el 68,9% y el 77,9% de los efectivos locales y la Guardia Urbana de Barcelona, respectivamente, había sido vacunados a fecha 24 de marzo de 2021, frente al 3,6% y 2,8% de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Posteriormente aumentaron esos porcentajes, aunque continuó la diferencia entre los cuerpos policiales.

"No son necesarias demasiada pruebas para entender que la demora en la vacunación de los funcionarios de los Cuerpos de Seguridad del Estado que están en activo", recalca el TSJC, puede situar a tales agentes "en una situación de riesgo para su salud" (incluso "grave o irreparable") superior a otros grupos de población. De ahí que sea urgente su inmunidad y no es procedente a esperar que se resuelva el fondo del asunto.

Incumplimiento normativo

Noticias relacionadas

Los insectos rastrean los olores navegando por los vientos a microescala

Más de 24.000 catalanes han iniciado en las últimas semanas un tratamiento para dejar de fumar

En su escrito, la fiscalía mantenía que, de ser ciertos los hechos alegados por los sindicatos policiales, "se habría causado -o se estaría causando- además de un patente incumplimiento normativo, una clara e injustificada situación de discriminación por parte de la administración sanitaria catalana". Por ello, avalaba las medidas cautelares solicitadas, ya sea la reanudación de la vacunación -en el caso de que se haya "anulado 'sine die' para dichos colectivos"- o la aplicación del Plan Nacional de Vacunación, que establece que los agentes policiales son trabajadores esenciales y, como tales, tienen prioridad en la inmunización.

La semana pasada, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, anunció que el Gobierno asumiría la vacunación a los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil que ejercen en Catalunya, a cargo de sanitarios de ambos cuerpos.