Guardias y policías celebran que sea el Estado quien les vacune en Catalunya

Diversas plataformas y sindicatos de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía se han congratulado este miércoles de que el Gobiern central tome las riendas de la vacunación de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado en Catalunya. En una nota pública, la Asociación Unificada de la Guardia Civil, AUGC, mayoritaria en el Cuerpo, ha recordado que "estaban más que fundadas" las denuncias que ha repetido durante semanas sobre una "discriminación de guardias civiles y policías nacionales a la hora de ser vacunados en esta comunidad autónoma".

Tras prolongadas quejas de esas plataformas sindicales policiales acusando a Salut de discriminación, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, aseguró este martes que será el Gobierno central el que vacune de covid a los agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado destinados en Catalunya, pues esta es la "única comunidad", subrayó, en la que a estos funcionarios no se les está vacunando.

Los sindicatos Jucil y Jusapol han estimado que "se trata de una medida que el gobierno Central ha tenido que tomar ante la dejadez reiterada y el abandono de la Generalitat". La inmunización de los miembros del Cuerpo de Mossos d'Esquadra fue completada por la Generalitat en febrero pasado.

“Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Catalunya no han sido vacunados en los términos que sí lo han sido en otras comunidades autónomas y, por eso, hace ya casi una semana que el Gobierno ha tomado la decisión de vacunar a esos miembros en Catalunya”, dijo Darias ante la comisión de Sanidad del Senado.

La ministra aseguró que Sanidad incluso reservará dosis para guardias y policías, para vacunarlos "junto con el resto del personal que hace funciones esenciales". Parte de esos guardias y policías comenzó a ser vacunada en sus bases de Barcelona y Tarragona a finales de marzo, pero su proceso se interrumpió cuando surgieron los primeros parones relacionados con las cautelas en torno a los efectos de las vacunas de AstraZeneca.

Retraso

"Esto es un departamento de salud; nunca discriminaremos a nadie", aseguró ayer en rueda de prensa el secretario de Salud Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon. El dirigente de Salut achacó a una entrega tardía del censo de vacunables el que la vacunación de guardias y policías no se haya completado aún en Catalunya.

El Gobierno central demandó información a la Generalitat de Cataluña el 10 de febrero, cuando se inició la vacunación de mossos, policías locales y bomberos, sin extender la campaña a sus colegas de los cuerpos estatales, informa Europa Press. Dos días despuñes, la secretaría general del Departamento de Interior de la Generalitat respondió en nombre del conseller indicando que el lunes, 15 de febrero se pondrían "en contacto con la persona que indique para iniciar los trámites correspondientes".

El 16 de febrero, desde la Delegación del Gobierno en Cataluña se trasladó al Departamento de Interior "todas las personas de contacto" correspondientes en cada uno de los cuerpos para que pudieran planificar el dispositivo de vacunación, coordinar la programación y facilitar lugares, han asegurado a Europa Press fuentes gubernamentales.

El tiempo transcurrió entre contactos y algunas reuniones sin que la campaña de vacunación empezara para los servidores estatales de la seguridad pública, entre numerosas reclamaciones de la Delegación del Gobierno en Catalunya.

El grupo del PSC en el Parlament ha registrado este miércoles varias preguntas al Govern para saber por qué la Conselleria de Salud "no incluyó" a los miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil que ejercen en Catalunya en las vacunaciones de personal considerado esencial. Los socialistas inquieren cuándo está previsto vacunarlos y si el Govern no les considera personal esencial.

También en el Parlament, Carlos Carrizosa, líder del grupo parlamentario de Ciutadans, ha acusado al Govern de "dejación" por este asunto. Este retraso de la vacunación a guardias y policías ha sido incluida por el grupo parlamentario del PP en el Congreso entre las razones para reprobar con una moción al ministro Grande-Marlaska.