Espionaje a dirigentes soberanistas
El Gobierno se abre a desclasificar documentos del caso Pegasus
Juan José Fernández
Redactor Jefe
Reportero.
Profesor en el Master de Periodismo Avanzado – Reporterismo de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna (Universitat Ramon Llull).
Diplomado por el CESEDEN en Altos Estudios de la Defensa Nacional.
Fue jefe de Información y reportajes y jefe de Redacción de la revista Interviú durante 19 años.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha quedado un paso por detrás de la titular de Defensa, Margarita Robles, al valorar las posibilidades de que el Gobierno desclasifique secretos sobre el uso del software Pegasus por el CNI. Robles ha dicho que lo ve "bastante probable", y Marlaska ha estimado que verán la luz documentos del caso Pegasus si la autoridad judicial lo solicita y si se entiende que es oportuno y legal.
Un detalle une a ambas afirmaciones, y es el marco temporal: se producen a 48 horas de que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, comparezca como "perjudicado" ante el juzgado 29 de Barcelona en la causa que el magistrado Santiago García instruye sobre el supuesto espionaje a dirigentes independentistas.
Por un lado, la ministra -y exjuez- Robles cree en la posibilidad de que una desclasificación permitiera hablar ante la autoridad judicial a Paz Esteban, exdirectora del CNI, a quien el caso Pegasus, en su vertiente de afección al Gobierno, costó el cargo. Si no hay tal desclasificación, Esteban, en función de la Ley de Secretos y de la ley que rige el CNI, no podría declarar nada en una comparecencia que ha sido pospuesta este lunes.
Por otro lado, el ministro Marlaska ha hecho una declaración de intenciones bastante más condicionada. Al salir de un evento solidario de la Guardia Civil -un calendario para apoyar a los niños que padecen leucodistrofias-, ha respondido a los periodistas llenando de cautelas sus frases. La primera: “Supongo que la anterior directora del CNI declarará en los términos que entienda precisos y conforme a la ley". Y la segunda: "Se desclasificarán en su caso aquellos documentos que sean solicitados por la autoridad competente y que se entienda que es oportuno, razonable y conforme a la ley proceder a esa desclasificación”.
Declaración de intenciones
No podría ser de otra forma, entienden las fuentes consultadas en ambos ministerios, que no le ven más exégesis. En el caso de Interior, "se trata de una mera declaración procedimental, ni siquiera una declaración de intenciones", arguye un asesor de Marlaska.
En el caso de Defensa, un funcionario del mismo rango no le ve novedad a estas afirmaciones. "Siempre ha sido así. Llegado el caso, se analiza, se observa y se resuelve".
Se refiere al procedimiento desclasificatorio: primero el Gobierno da curso a la solicitud si entiende que se ajusta a Derecho y que el solicitante -en este caso un juez instructor- está facultado para pedirlo; luego los servicios jurídicos del ministerio propietario de la información -en este caso Defensa, por depender el CNI de esa cartera- elevan un informe; después la directora del servicio secreto lo evalúa y lo firma; y finalmente la ministra de Defensa lo lleva al Consejo de Ministros, que es finalmente la autoridad desclasificadora.
Pero una cosa son las intenciones que declaran o no los políticos y otra las realidades que manejan los expertos -jurídicos de Defensa en este caso-, conociendo cómo funciona el software Pegasus y sus escasas huellas. “Se hacen imputaciones y se habla de desclasificar sin que el juez cuente con un informe técnico sobre los móviles afectados ni sobre si hoy habría posibilidad de sacar prueba alguna de esos móviles”, arguye una de estas fuentes.
Hay precedentes del levantamiento sobre el secreto de las operaciones del CNI. En la anterior encarnación administrativa del servicio de inteligencia, con el famoso caso de los Papeles del CESID, el robo de información clasificada en los 90 por el coronel Juan Alberto Perote que acabó en manos del entonces banquero Mario Conde.
Más recientemente, con la investigación judicial por una denuncia interpuesta por el portavoz de ERC en el Parlament, Josep Maria Jové, y la portavoz republicana en la Eurocámara, Diana Riba. En julio pasado se levantó el velo sobre la acción del CNI en torno a los dos políticos, a petición del juzgado de instrucción 20 de Barcelona... para acabar afirmando el Gobierno que el servicio secreto español no les había espiado.
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