El encargado de sancionar a la fiscal del despacho fundado por Montoro se enfrentó a ella por unos registros en Lezo

Si hay una fiscalía que por la sensibilidad de los temas que aborda deba recurrir a los mecanismos previstos para defender la autonomía fiscal es Anticorrupción. Por eso puede no resultar extraño que la fiscal encargada de la causa abierta al despacho que fundó el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, Equipo Económico, haya recurrido con anterioridad al artículo 27 del Estatuto Fiscal, para dejar patente su desacuerdo con las órdenes recibidas de su superior. Lo que sí resulta cuando menos controvertido es que ese superior con el que tuvo una discrepancia que fue elevada a la Junta de Fiscales de Sala vaya a ser quien decida si debe ser sancionada o no en la investigación disciplinaria que se le ha abierto.

Carmen García Cerdá, a la que la jefa de la Inspección de la Fiscalía General del Estado, María Antonia Sanz Gaite, ha abierto una información previa para determinar si debe ser sancionada por una falta muy grave por supuestamente desobedecer las órdenes que le dio su jefe en Anticorrupción, Alejandro Luzón, en la causa que investiga el despacho que fundó en 2006 Montoro, también recurrió a lo previsto en el artículo 27 del Estatuto Fiscal con Manuel Moix al frente de Anticorrupción.

Ahora Moix, que tuvo que dimitir de la jefatura de Anticorrupción a los 87 días de asumirla, al trascender que tenía una participación en una empresa panameña con sus hermanos, es el promotor de la Acción Disciplinaria de la Fiscalía General del Estado, por lo que de él dependerá instruir y, en su caso, sancionar disciplinariamente a García Cerdá, si considera acreditado que desobedeció a su superior al continuar indagando en relación con los correos electrónicos con los que se topó en la causa, relativos a la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre, el exministro Rodrigo Rato o el fundador de Podemos Juan Carlos Monedero.

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Se da la circunstancia de que, al igual que en la causa en la que se investiga si Equipo Económico usó sus influencias para beneficiar a clientes y perjudicar a competidores, García Cerdá tuvo que acudir al artículo 27 del Estatuto Fiscal para dejar patente que tanto ella como su compañero entonces en el 'caso Lezo', Carlos Yáñez, consideraban necesarios registros en la causa en la que el principal imputado era el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González. Moix no lo entendía así.

A diferencia de la causa en la que ahora se investiga al despacho fundado por exministro de Hacienda, donde la postura del fiscal jefe, Alejandro Luzón, fue refrendada en septiembre por 19 miembros del ministerio público frente a cinco, en 2017 las diligencias cuestionadas finalmente se practicaron porque fue Moix quien quedó en minoría en la Junta de Fiscales a la que se sometió la decisión. De tal forma que se practicaron los registros que los fiscales del 'caso Lezo' consideraron necesarios para aclarar una operación de 2001 referida a la sucursal colombiana del Canal de Isabel II, Inassa.

Procedimiento independiente

Moix, que se convenció de la procedencia del registro al oír las tres o cuatro primeras intervenciones de la Junta de Fiscales, defendió que no se practicaran los registros, porque en ese momento Ignacio González todavía no había accedido siquiera a la vicepresidencia de la Comunidad de Madrid y, por tanto, a la gestión de la empresa pública madrileña encargada de la gestión del agua. El entonces fiscal jefe sostenía que debía quedar al margen de la operación Lezo e investigarse en otro procedimiento independiente, lo que finalmente se hizo a través de una pieza separada, que todavía está a la espera de juicio.

Cuando la Audiencia Nacional señale su celebración, la fiscalía pedirá penas de entre 6 y 7 años de cárcel para 22 personas, entre ellas los exconsejeros del Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón, cuando presidió la Comunidad de Madrid, Juan Bravo y Pedro Calvo por un delito de malversación de caudales por su responsabilidad en la adquisición supuestamente irregular de Inassa por parte del Canal de Isabel II.

En la Junta de 2017 los fiscales tuvieron muy en cuenta el criterio de los fiscales del caso, pero también que Moix aparecía en una grabación que constaba en el propio procedimiento seguido en la Audiencia Nacional en la que Ignacio González y el expresidente valenciano Eduardo Zaplana celebraban que asumiera la jefatura de Anticorrupción por su proximidad al PP.

Además, siempre se sospechó que González fue advertido de la investigación en su contra y de que estaba siendo grabado, extremo que fue lo que le llevó a comentar las supuestas comisiones pagadas para la compra de Inassa por la administración anterior a su llegada, cuando dependía del que luego fue alcalde de Madrid y ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.

Todas esas circunstancias marcaron la breve jefatura de Moix en Anticorrupción y también la relación de los fiscales, incluida García Cerdá, con él, lo que hace que sea cuando menos controvertido que sea de él de quien dependa en última instancia sancionarla o no.