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ENFRENTAMIENTO EN EL MINISTERIO PÚBLICO

Rebelión de los fiscales anticorrupción ante el veto a registros de la 'operación Lezo'

La junta logra que el fiscal jefe revoque su orden contra una diligencia del operativo previsto

El PSOE y C's piden explicaciones al Gobierno y al fiscal general también por el supuesto "chivatazo"

ÁNGELES VÁZQUEZ / MADRID

El ex vicepresidente era trasladado de madrugada a los calabozos de la Comandancia de la Guardia Civil. / EFE / ATLAS VÍDEO

La determinación de los fiscales adscritos al caso del Canal de Isabel II, en la que se acordó el miércoles la detención de Ignacio González, evitó el veto que su superior, el fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, trató de imponer a algunos registros que los primeros habían previsto realizar en la 'operación Lezo'.

Las diligencias finalmente se practicaron porque Moix cambió de criterio tras escuchar "tres o cuatro intervenciones" que le convencieron en la Junta de Fiscales de Anticorrupción a la que se sometió la decisión, mecanismo previsto en el Estatuto fiscal para solucionar este tipo de discrepancias.

Aún así el hecho de que trascendiera el incidente, al igual que la posibilidad de que González supiera que estaba siendo investigado, lo que le habría hecho cambiar sus costumbres en sus conversaciones telefónicas, tras recibir "el chivatazo" de algún miembro del gobierno, ha llevado al PSOE y Ciudadanos a solicitar la comparecencia en el Congreso de los ministros de Justicia e Interior, Rafael Catalá y Juan Ignacio Zoido, así como del fiscal general del Estado, José Manuel Maza. Albert Rivera dijo que estos hechos son de "una gravedad extrema, si son ciertos".

Pese a lo poco frecuente que resulta que un fiscal jefe se oponga a la realización de un registro en una operación y que algunas fuentes fiscales lo califiquen de "gravísimo", otras matizaron que la diligencia en cuestión se refería a una operación de 2001 referida a la sucursal sudamericana del Canal de Isabel II, Inassa. En ese momento Ignacio González todavía no había accedido siquiera a la vicepresidencia de la Comunidad de Madrid y, por tanto, a la gestión del Canal. Por eso, el fiscal jefe entendía que debía quedar al margen de la operación Lezo e investigarse en otro procedimiento independiente.  

Sin embargo, los fiscales del caso, Carmen García y Carlos Yáñez, advirtieron de que iban a invocar el artículo 27 del estatuto fiscal, al no compartir el criterio de su superior, que, como es preceptivo, informó al fiscal general del Estado, José Manuel Maza, de la discrepancia surgida.

Moix convocó una reunión de la Junta de Fiscales Anticorrupción y la mayoría de los reunidos -una veintena- apoyaron a sus compañeros de la 'operación Lezo' y se opusieron a la decisión de su superior. El responsable de Anticorrupción se convenció de que siempre se podía proceder a hacer el registro y luego separar las actuaciones si se comprobaba que no tenían relación con la causa abierta a González.

Las fuentes críticas con que un superior intente que no se haga un registro en una operación también ven grave que el nombre de Moix aparezca en una grabación que consta en el procedimiento en la que el propio González y Eduardo Zaplana celebran que el fiscal asumiera la jefatura de Anticorrución por su proximidad al PP.

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