Informe de los juristas
Los letrados del Congreso dan el visto bueno a la ley de amnistía
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Miguel Ángel Rodríguez
Periodista político, especializado en la información parlamentaria del Congreso y el Senado
La ley de amnistía cuenta ya con el visto bueno de los letrados del Congreso. El cuerpo jurídico de la Cámara Baja ha elaborado un informe de veinte páginas en el que respaldan que la proposición de ley, pactada por el PSOEcon ERC y Junts, sea calificada y considerada admisible a trámite. Así, este martes, la mayoría progresista de la Mesa del Congreso podrá aceptar la iniciativa con el aval de los juristas. El PP, que este lunes exigió la recusación del letrado mayor por conflicto de intereses, ya anunció que se opondrán.
En el informe no vinculante, el cual ha adelantado la Cadena Ser y ha tenido acceso EL PERIÓDICO, se señala que la proposición de ley, registrada en solitario por los socialistas, "carece de defectos formales que imposibiliten su admisión a trámite". Además, se apunta que entre las funciones de la Mesa no está la de realizar "un juicio previo de constitucionalidad", algo que solo le corresponde al Tribunal Constitucional. En este sentido, se detalla que la inadmisión a trámite es algo "excepcional" que debe estar motivado por una inconstitucionalidad "palmaria y evidente" o que constituya "un incumplimiento manifiesta de lo resuelto" por el TC.
A partir de estos puntos, los letrados trabajan bajo la premisa de determinar si existe esa inconstitucionalidad "palmaria y evidente". Para ello, primero señalan que la Constitución "no incluye ninguna referencia a la amnistía" y que el Constitucional "tampoco se ha pronunciado de manera tajante" sobre esta figura y exponen que el Congreso ha admitido a trámite otras proposiciones de ley que modificaban la amnistía de 1977.
Los antecedentes
Siguiendo el hilo de su argumentación, hacen referencia a la ley de amnistía que ERC, Junts, PDECat y la CUP registraron en 2021. Hace dos años, los juristas del Congreso señalaron que no procedía su admisión a trámite "al suponer la concesión de un indulto general" que entraba en "una contradicción palmaria y evidente con lo dispuesto en el artículo 62 i) de la Constitución". En esta anotación se apoyó el PSOE, junto a PP y Vox, para impedir que se debatiera. Ahora, los letrados consideran que la proposición pactada con los independentistas catalanes "cuenta con elementos que la diferencia" de la de hace dos años.
Por un lado, que el ámbito de actuación está "más claramente definido", tanto en el marco temporal como en los hechos amnistiados. Por otro, que "no pone en duda la adecuación a los principios del Estado de Derecho de las autoridades judiciales y administrativas". Y, finalmente, que "no incluye una disposición que individualice las causas abiertas", lo que suponía un elemento claro del indulto general. "No parece existir en la Constitución ni en la jurisprudencia constitucional elementos suficientes para determinar si se produce una contradicción evidente y palmaria con la Constitución", sentencian.
No obstante, sí admiten que "hay otros posibles motivos de inconstitucionalidad", pero que para este análisis sería necesario contar con la doctrina aún no dictada por el TC. A este respecto, en el informe sostienen que esos incumplimientos se derivarían de "una interpretación" de la Carta Magna aplicada a la figura de la amnistía y no de "una lectura directa" de la misma.
Recusar a Galindo
Con este informe en la mano, PSOE y Sumar admitirán a trámite esta proposición de ley. En la reunión de la Mesa, el PP votará en contra. Además, este lunes, los conservadores habían registrado un escrito de recusación para que el letrado mayor, Fernando Galindo, no formara parte de la "propuesta técnica de calificación de la proposición de ley orgánica de amnistía" ni del asesoramiento a los miembros de la Mesa. Los populares consideran que Galindo, elegido a principios de mes por la presidenta del Congreso, Francina Armengol, está invalidado para "emitir un informe en relación con la misma" al haber formado parte de la estructura del Gobierno de coalición hasta el pasado 31 de octubre.
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