El PP trata de impedir la tramitación de la amnistía y exige la recusación del letrado mayor del Congreso

La oposición del PP a la ley de amnistía se jugará en dos planos. Uno a la luz de los focos, con declaraciones contundentes, y otro más discreto, con los reglamentos de las Cortes Generales en la mano para intentar truncar la tramitación de la norma. Esta segunda vía la arrancaron los populares con la modificación de las normas del Senado y continúan ahora con la recusación del letrado mayor del Congreso, quien deberá aconsejar este martes a los miembros de la Mesa de la Cámara Baja -con mayoría progresista- sobre si la iniciativa es o no admisible a trámite.

En los próximos meses harán falta decenas de lecciones de derecho parlamentario para ir siguiendo el camino que sigue la ley de amnistía. Por lo pronto, tras su registro hace una semana por el PSOE en solitario, la proposición de ley llegará este martes a la Mesa del Congreso que deberá calificar la norma y decidir sobre su admisibilidad. Para esta decisión están asesorados por el letrado mayor que, en este caso, fue elegido por la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, a comienzos de mes.

Fernando Galindo, el letrado en cuestión, cumple con los requisitos requeridos para el cargo, pero los populares critican que formó parte de la estructura del Gobierno de coalición hasta hace unos meses. En este sentido, el PP ha registrado un escrito de recusación para que no forme parte de la "propuesta técnica de calificación de la proposición de ley orgánica de amnistía" ni del asesoramiento a los miembros de la Mesa.

Las consecuencias

En concreto, los conservadores recuerdan que Galindo fue director general de Cooperación Autonómica y Local y subsecretario del Ministerio de Política Territorial hasta el 31 de octubre de 2023. En este sentido, apuntan que miembros de ese ministerio han formado parte de la negociación con ERC y Junts para redactar la ley de amnistía y que, por lo tanto, Galindo está invalidado para "emitir un informe en relación con la misma". Es más, el PP llega a señalar que el letrado mayor está casado con Mercedes Cabrera, que ocupó la Dirección General de Relaciones con las Cortes hasta el 30 de octubre.

Además, los populares avisan de que si Galindo persiste en su intención de asesorar a la Mesa del Congreso iría en contra de las leyes del Régimen Jurídico del Sector Público, la de Altos Cargos y el Estatuto Personal de las Cortes. Así, considera que podría concurrir en una "falta disciplinaria muy grave" que podría devenir en "la sanción de separación, suspensión o traslado forzoso del puesto".

Fuentes cercanas a la presidencia del Congreso explican que la proposición de ley la han presentado un grupo político y que "no se ha realizado en un ministerio donde trabajaba ni ha tenido vínculo" Galindo. Además, señalan que  hay "decenas de casos de letrados que han ejercido puestos de responsabilidad política y ahora están de nuevo en el cuerpo activo en la Cámara".

Antecedentes y próximos pasos

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Los conservadores recuerdan, además, que hace dos años ERC, Junts, PDECat y la CUP registraron una ley de amnistía y que esta fue inadmitida a trámite con los votos de PSOE, PP y Vox, basándose en el informe de los letrados. Los juristas de la Cámara consideraban que la iniciativa entraba "en una contradicción palmaria y evidente" con la Constitución al plantear indultos generalizados. Habrá que esperar a ver cuál es la posición del cuerpo de letrados bajo la nueva dirección de Galindo.

No obstante, PSOE y Sumar ya se han cubierto las espaldas. Socialistas y rosas admitieron a trámite la pasada semana una proposición de ley registrada por Vox para ilegalizar partidos, pese a que consideran que es inconstitucional. El argumento, ofrecido por el secretario primero de la Mesa y dirigente de En Comú Podem, Gerardo Pisarello, es que no se puede hurtar una debate a la Cámara Baja.