El Parlament empieza la reforma del reglamento con múltiples asuntos pendientes y un resultado incierto

Después de años embarrancado, finalmente el Parlament ha abierto el melón de la reforma del reglamento del Parlament. Este viernes se ha constituido la ponencia y se ha elegido al diputado de ERC, Jordi Orobitg, como relator. Es el primer paso para que la reforma del texto salga adelante y la previsión es que se apruebe y entre en vigor antes del próximo verano. La reforma impulsada por ERC y la CUP plantea introducir el voto telemático en el reglamento -algo que regularía el voto del diputado Lluís Puig de Junts- y que se puedan limitar los discursos de odio -para cercar las intervenciones de Vox-.

Sin embargo, en el trámite de enmiendas, cada grupo ha hecho su particular carta a los Reyes Magos y han puesto a debate otras posibles reformas, además de plantear modificaciones a la propuesta inicial de republicanos y 'cupaires'. Por lo que, debido a la "compleja aritmética" parlamentaria actual, como recuerdan fuentes de los grupos consultados, el resultado de final de la propuesta es a día de hoy incierto.

La propuesta más polémica que se ha introducido es que Junts quiere aprovechar para eliminar del artículo 25.4 del actual reglamento. Es el que permite que un diputado sea suspendido si se le abre juicio oral por un delito relacionado con la corrupción y que ya se usó para relevar del cargo la expresidenta de la Cámara, Laura Borràs, en julio de 2022. Pero hay más:

El voto telemático

Uno de los principales objetivos de la propuesta de ERC y la CUP es ampliar los supuestos del voto delegado e introducir el telemático para, en gran parte, regularizar el pronunciamiento a distancia del diputado de Junts, Lluís Puig. Esta posibilidad serviría únicamente para situaciones de "especial gravedad" y necesitaría siempre la autorización de la Mesa.

A través del trámite de enmiendas, que aún no se han empezado a debatir, los posconvergentes han propuesto ir más allá y permitir también las intervenciones telemáticas -no solo las votaciones-. Además, quieren que se puedan acoger a ello todos los diputados que "por cualquier otra circunstancia" no pueden asistir presencialmente, algo que deja un amplio abanico de posibilidades.

Esta propuesta, pero especialmente el redactado que hace Junts, podría entrar en coalición con el informe que hicieron hace unos meses los letrados de la Cámara. Avisaron de que el redactado del nuevo reglamento debería especificar con claridad cuáles son estas "situaciones excepcionales" y evitar términos "muy amplios y genéricos" para no ser declarado inconstitucional.

Los discursos de odio

Otro de los puntos principales de la reforma del reglamento es la limitación de los discursos de odio. El actual reglamento contempla la expulsión de un diputado en caso de pronunciar "palabras ofensivas dirigidas a las instituciones públicas, a otro miembro del Parlament o a cualquier otra persona". Se trata de un planteamiento muy genérico, que deja a la presidencia de la Cámara un amplio margen de interpretación y que genera muchas dudas en el día a día.

La propuesta de ERC y CUP es más explícita y propone prohibir y sancionar cualquier discurso que "incite a la discriminación por razón de género, orientación sexual, creencias, ideología, origen, condición social, etnia, lengua o discapacidad". Esta modificación no solo afectaría a los discursos, sino también a las mociones o propuestas de resolución.

Los letrados ven "legítimo" y "justificable" cierta restricción del lenguaje que "incita a la violencia" o que "hace apología del terrorismo e incita al odio", pero piden una "interpretación restrictiva" y que se "reserve para supuestos especialmente graves". También el PSC es crítico con esta propuesta, al considerar que choca con la libertad de expresión, y Junts lo ha enmendado parcialmente, por lo que el redactado final de la propuesta podría cambiar en las negociaciones.

Las suspensión de diputados

A través del trámite de enmiendas, Junts ha propuesto suprimir el artículo 25.4 de la actual normativa. Es el que permite la suspensión de un diputado en caso de que se le abra juicio oral por delitos vinculados a la corrupción. Fue la prerrogativa que permitió suspender hace un año a la entonces presidenta Laura Borràs y que Junts ya arguyó en su momento que vulneraba la presunción de inocencia.

La inclusión de este artículo en el reglamento la auspició la CUP en julio de 2017, que transaccionó el texto con Junts pel Sí (ERC y Junts) -en pleno pulso para las leyes de desconexión- y logró aprobarlo con el apoyo de todos los grupos salvo el PP.

En alguna ocasión, los letrados de la Cámara han avisado de que este artículo "presenta serias dudas de constitucionalidad respecto a la presunción de inocencia". Pero, de momento, no parece que haya una mayoría de la Cámara para que salga adelante. De hecho, el PSC, ERC, la CUP y los Comuns estuvieron de acuerdo en aplicarlo contra Borràs en su momento.

Cesa de miembros de la Mesa

Finalmente, el otro punto de debate durante la ponencia, será la propuesta del PSC de cesar a cualquier miembro de la Mesa -incluida la presidencia- si así lo acuerda una mayoría de "tres quintas partes" del hemiciclo. La propuesta inicial -que fue tumbada el pasado mes de mayo- planteaban que bastara con la mayoría absoluta. Esto suscitó críticas de más de un partido, por lo que han decidido ampliar los apoyos necesarios.

También Ciutadans propone que se pueda destituir a la presidencia del Parlament "en caso de desatender gravemente las responsabilidades" o de hacer un "uso impropio del cargo". Lo vehiculan vía moción de censura -como la obligación de proponer otro candidato- y debería ser presentada por tres grupos o una tercera parte de los diputados de la Cámara.

Los Comuns, que han presentado varias enmiendas en aras de que haya paridad en los órganos parlamentarios, también plantean cambios en la Mesa, por mayoría absoluta, a partir del segundo año de legislatura.

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