García-Castellón pide amparo por las palabras de Rufián y un imputado vuelve a intentar apartarle de Tsunami

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha ampliado la petición de amparo que dirigió al Consejo General del Poder Judicial para que sean incluidas las manifestaciones que el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, le dirigió durante el debate de investidura, en las que le acusó de actuar "al servicio del PP", confirmaron a EL PERIÓDICO fuentes jurídicas.

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Durante su intervención en el pleno del Congreso, Rufián definió el 'lawfare' como "la utilización por parte de la derecha española de parte del poder judicial español para ganar con togas lo que pierden con votos", para añadir que "la guerra judicial en España es un montón de jueces en una sala del VAR al servicio del PP y de Vox. Quieren ejemplos de esta guerra judicial. Por ejemplo, meter en la cárcel a ocho chavales de Alsasua por una pelea de bar; inventarse un delito llamado violencia ambiental para meterle 100 años de cárcel a nueve demócratas por un referéndum; imputar por terrorismo a Marta Rovira porque a un señor le dio un infarto en una manifestación".

La ampliación de solicitud de amparo de García-Castellón hacia el Consejo por estas palabras coincide con un segundo intento del empresario Oriol Soler para apartarle de la instrucción de la causa de Tsunami Democràtic. Esta vez lo ha hecho con un incidente de nulidad con el que espera que el magistrado anule el auto en el que rechazaba de plano, por extemporánea la recusación que había presentado el primer imputado que hubo en la causa por haber hablado de la amnistía.

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En su escrito, Soler argumenta que no tiene sentido que el mismo magistrado cuya imparcialidad se ha visto comprometida por haberse referido a la amnistía pueda rechazarla de plano, alegando que había transcurrido más de un mes desde que se pronunció sobre la amnistía y la interposición del incidente. El mismo día que era rechazado por el magistrado otro imputado, Oleguer Serra, interponía una nueva recusación. Tanto la acusación ejercida por Vox y Dignidad y Justicia se han opuesto a su estimación.

Oriol Soler argumenta que la decisión del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 le "causa gran indefensión" por "no haber seguido este magistrado instructor las reglas esenciales del procedimiento que debe seguir para tramitar una recusación contra él". Considera que la "actitud claramente obstativa" que ha mantenido "compromete seriamente su imparcialidad", porque debería haber dado trámite al incidente para que otro magistrado lo resolviera.

"En caso de no permitir la normal sustanciación del incidente de recusación promovido, ante la evidente situación de indefensión que deja a esta parte, nos obligará a elevar una queja a la Presidencia de la Sala Penal de esta Audiencia Nacional", afirma el escrito, que omite que este tipo de incidentes pueden ser rechazados de plano por defectos formales, como la presentación fuera de plazo.